El Gobierno, fuera de toda responsabilidad en el desastre del «Prestige»
La sentencia considera que la decisión de López-Sors de alejar el buque de las costas de Galicia fue la correcta
José Luis López-Sors era el único acusado en el juicio del «Prestige» que ocupaba un cargo con responsabilidad política en el momento de la catástrofe. Era director general de la Marina Mercante . La sentencia le exime, y con ello también al Gobierno, de los delitos contra el medio ambiente, daños en espacios naturales protegidos y daños por los que había sido acusados. [ Consulta aquí la sentencia íntegra dictada este miércoles 13 de noviembre por la Audiencia Provincial de La Coruña en PDF ]
Él tomó la decisión de alejar el buque de las costas gallegas, lo cual propició que el vertido de fuel afectase a una extensa zona. Pero los expertos coinciden en que dicha decisión fue correcta dadas las condiciones del mar y el clima . Esta situación, sumada al estado del buque y a su cercanía a la costa , hacía casi inminente que embarrancase en la referida costa.
«Las autoridades españolas contaban además con asesoramiento técnico correcto y más qué suficiente , aunque, como todo asesoramiento de esa índole, sujeto a error», indica la sentencia.
«Nunca se dijo hasta ahora cuál hubiera sido la decisión correcta a adoptar ni el protocolo a seguir en el supuesto no desdeñable de que se repitiesen hechos similares ; ni aun ahora, después de una dilatada instrucción y de un largo y árido juicio, fue capaz nadie de señalar lo que se debería hacer, aparte de algunas opiniones particulares más o menos técnicas», añade el escrito.
«Discutible, pero eficaz, lógica y prudente»
Los magistrados entienden que «simplemente, ante una situación de emergencia, tras el asesoramiento técnico más riguroso y capaz, se tomó una decisión discutible pero parcialmente eficaz, enteramente lógica y claramente prudente ».
Desobediencia de Mangouras
Aunque al capitán del barco, Apostolos Mangouras , se le ordenó «reiterada, imperativa y claramente que diese remolque», optó por desobedecer el mandato excusándose en que tenía que hablar con su armador, una consulta que pospuso durante tres horas.
Por ello, se le reprocha que estaba «más preocupado por las consecuencias económicas de un remolque obligado, urgente y razonable que por solucionar una máxima emergencia».
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