El Parlamento pide a Hacienda que retire las sanciones a los emigrantes retornados

En la exposición, la diputada socialista Carmen Gallego ha expuesto que si se comprueba que estas personas han de hacer frente a los abonos que se les reclaman, algo que bajo su criterio despierta «muchas dudas legales», no sean tratados como «delincuentes fiscales» y puedan disponer de un margen de tiempo razonable.

Precisamente, todos los grupos representados en el hemiciclo han apoyado que el Gobierno gallego solicite del central que se habiliten períodos de pago «más largos que los estipulados habitualmente» en aras de evitar un quebranto económico en las unidades familiares de estos pensionistas.

También que se exima del pago de sanciones a aquellos que regularicen su situación fiscal, que se revisen los convenios marco con otros países para evitar que situaciones de este tipo puedan volver a producirse en el futuro y que se tengan en cuenta todos los criterios anteriores para estimar los recursos que se presenten ante las sanciones ya comunicadas.

La Agencia Tributaria ha aplicado sanciones en Galicia a un tercio de los emigrantes retornados que no declararon sus pensiones en el extranjero, han informado fuentes de la agencia tributaria en Galicia. Miles de gallegos fueron emplazados a declarar sus pensiones del extranjero y a acreditar los subsidios recibidos de otros países desde el año 2008 para tributar por ellos.

La Agencia Tributaria entendía que no habían cumplido con sus deberes fiscales a pesar de que en la mayoría de los casos nunca habían sido informados sobre la necesidad de pagar por las pensiones de la emigración.

El límite se sitúa en los 11.200 euros, por lo que todos aquellos que entre la pensión de España y la del país donde emigraron superen esa cantidad estarían obligados a ponerse al día.