El Valedor abre una queja de oficio por la devolución del «tax lease»

De esta manera, señala que recurre a la defensoría de la UE como «órgano imparcial y supervisor» de las actividades de las instituciones y órganos de la Unión Europea, solicitándole que «inicie actuaciones de investigación de cara a dirimir la posible vulneración de los principios de buena administración» por parte de la CE en el ejercicio del cumplimiento del derecho comunitario sobre competencia. También en el documento remitido a la defensora europea, de origen irlandés, el Valedor arguye su petición por las «dramáticas» posibles repercusiones económicas y sociales que la devolución del tax lease supondría para el sector naval y para el conjunto de la sociedad gallega.

El Valedor rebate la petición de devolución de las ayudas indirectas debido a la bonificación fiscal en distintos aspectos. Entre ellos, señala que la participación como inversor en el esquema de deducciones fiscales «no estuvo legalmente limitada a residentes en el Estado español» , sino que permaneció abierta a cualquier inversor comunitario que tuvo la posibilidad de integrarse en las agrupaciones de interés económico beneficiarias de este régimen, por lo que «parece difícil afirmar el carácter selectivo».

Del mismo modo, apunta que « resulta fundamental que la Comisión Europea pueda actuar con discrecionalidad en la defensa de la libre competencia y en la persecución de las distorsiones del mercado interior», pero añade que, para que el ejercicio de este poder no genere arbitrariedad, «resulta igualmente esencial que se produzca un respeto escrupuloso de los derechos de los administrados». «Y en el expediente del tax lease español la protección de estos derechos queda en duda», advierte.

Con su «inactividad» durante cinco años, da a entender «la validez del sistema». Con todos estos argumentos, el valedor ha trasladado un escrito a la comisaria europea, con el fin de que estudie toda la documentación e inicie las actuaciones de investigación que le corresponden y, de este modo, «se dirima la posible vulneración del os principios de buena administración» por parte de la Comisión Europea.