El Bloque propone traducir los apellidos gallegos «deturpados por la castellanización»

Sin una sola mención a las lenguas extranjeras —la ley actual establece un reparto equitativo entre gallego, castellano e inglés— los autores del texto defendido ayer por la viceportavoz nacionalista, Ana Pontón, sostienen, además, que en la enseñanza para adultos y a distancia, el gallego debería usarse como «norma general».

Pero la propuesta va más allá. Y es que, al margen del ámbito educativo, la proposición de ley recoge otras disposiciones como la que el Gobierno gallego realice «campañas periódicas de información y de sensibilización para informar a la ciudadanía de la conveniencia de adaptar a la forma correcta gallega los apellidos traducidos o deturpados por la castellanización».

En diarios, radios y televisiones

En el apartado dedicado a los topónimos, el planteamiento frentista —sintetizado en 25 folios— contempla que la Xunta debe tomar medidas para que en el plazo de un año las estaciones de autobuses, empresas de transporte de viajeros y de mercancías y cualquier otra firma respeten y usen los topónimos gallegos en su forma oficial. La propuesta nacionalista llega incluso hasta los medios de comunicación , para lo que insta a la Xunta a que remita a diarios, radios y televisiones un listado con los nombres oficiales de los 315 ayuntamientos para su uso correcto.

Durante la rueda de prensa posterior al registro del texto, la exparlamentaria nacionalista Pilar García Negro sostuvo que «es evidente que todos los gallegos somos hijos de la imposición del español , que sigue siendo la lengua sistemática y el gallego es prescindible». García Negro también opinó que la lengua debe ocupar «el primerísimo puesto» en el listado de preocupaciones de la labor política. Una afirmación que contrasta con los datos del último barómetro autonómico del CIS, que refleja que la cifra de gallegos para los que la lengua es el principal problema de Galicia está en el 0,4 por ciento.

Consenso lingüístico

Paralelamente al registro de este documento, y a unos cuantos metros de distancia, el portavoz parlamentario del PP tendió la mano a los grupos para recuperar el consenso político en materia lingüística. Para ello, Pedro Puy presentó una iniciativa «absolutamente asumible por cualquiera que esté dispuesto a aceptar que las normas básicas que deben regir son la Constitución, el Estatuto, la Ley y el Plan de Normalización». De ahí que Puy recordase que la Xunta no recurrió ante el Tribunal Supremo las sentencias que anulaban algunos puntos del decreto que regula la lengua en la enseñanza. «Algún grupo situó actuar de este modo como primera condición para recurperar dicho consenso», recordó.