Almunia rehúsa reunirse con la delegación que vela por el naval

Los representantes de la entidad que agrupa a los constructores navales privados de España, Pequeños y Medianos Astilleros, Sociedad de Reconversión (Pymar), alertó de que el comisario tiene en sus manos el futuro del naval español, con los 86.735 empleos que éste lleva asociado. «La decisión [que tome Almunia] puede suponer el fin del sector naval europeo en favor de Corea y China por una mera guerra comercial entre Estados», afirman desde Pymar.

El «tax lease» español fue suspendido por las autoridades europeas en junio de 2011, tras recibir quejas de los astilleros holandeses, que creían que el sistema español de bonificaciones fiscales atentaba contra la igualdad de condiciones a la hora de competir. Esto llevó a que se bloqueasen todos los encargos de nuevos buques a los constructores españoles, que quedaron así sin carga de trabajo durante un año y medio.

España cuenta, desde principios de este año, con un nuevo «tax lease» aprobado por la Unión. Este sistema vino a sustituir a otro sobre el que el ente comunitario había expresado dudas acerca de su legalidad. No obstante, las objeciones de Almunia al «tax lease» en 2011 no estuvieron exentas de polémica, ya que el 2009 su predecesora, Neelie Kroes, había negado que el sistema español fuese discriminatorio.

La amenaza que pende ahora sobre el naval español es que la ausencia de una decisión clara sobre el anterior «tax lease» pueda desembocar en la exigencia de que se devuelvan las ayudas recibidas. A juicio de los astilleros privados, esta posibilidad «pone en riesgo inminente el futuro del sector».

Competencia, sin embargo, ni confirma ni desmiente que vaya a obligar a que se devuelvan, con carácter retroactivo, las ayudas concedidas durante el período anterior. Los astilleros agrupados en Pymar y el Gobierno de España reclamaron en varias ocasiones ante Competencia para defender el «tax lease» basándose en la «seguridad jurídica».

Pymar situó sobre las espaldas del antiguo candidato socialista a la Presidencia del Gobierno el futuro del sector naval nacional. Además de los ya mencionados empleos, la patronal de los astilleros apuntó que una «resolución negativa» provocaría, directamente, «la desaparición del sector».

Asimismo, recalcó como el retraso de la decisión definitiva es también perjudicial para el naval, puesto que desde que Competencia abrió el expediente contra España sobre el «tax lease», cerraron seis astilleros y otros tres entraron en concurso de acreedores.

Por último, Pymar cifró los daños económicos que la extinción de la construcción de barcos podría provocar en España. Afirman que la recaudación del IRPF caería en más de 300 millones de euros y que el déficit comercial podría ascender a 700 millones.