La Guardia Civil detiene al expresidente de la Generalitat José Luis Olivas

Estas mismas fuentes han precisado que Olivas ha sido arrestado en el marco de una operación en la que han sido detenidas otras ocho personas en Alicante, Valencia, Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.

Entre los seis exdirectivos se encuentran Domingo Parra, que fue consejero delegado del Banco de Valencia; José Cortina, ex director general adjunto de Bancaja y Aurelio Izquierdo, ex director general de Bancaja y expresidente de Banco de Valencia.

Las mismas fuentes han señalado que los dos empresarios arrestados en Madrid son Juan Vicente Ferry y José Salvador Baldó, relacionados con Olivas, quien supuestamente pudo beneficiarles en una operación con la que ganaron en tres meses 76 millones de euros.

Casi todos los detenidos son ex altos cargos de Bancaja y de Banco de Valencia . Además hay dos empresarios. Olivas fue durante un año presidente de la Generalitat Valenciana y durante su actividad como banquero fue presidente de Bancaja, presidente de Banco de Valencia y vicepresidente de Bankia.

La operación tiene relación con la concesión de una serie de créditos bancarios para desarrollar operaciones en el Caribe que según creen los investigadores se concedieron sin cumplir los requisitos necesarios.

La investigación la ha desarrollado el Grupo adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la UCO en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y coordinados por la Audiencia Nacional.

La investigación se inició en el año 2014 , como consecuencia de una denuncia presentada por el representante legal de Bankia S.A. tras la intervención por el Banco de España del Banco de Valencia. El denunciante informaba de presuntas irregularidades en la concesión de varios préstamos al Grupo Gran Coral para la inversión inmobiliaria en el Caribe mejicano, para lo cual se eludieron los procedimientos de control interno de las entidades financieras.

El grupo Gran Coral fue creado por varios empresarios del Levante español con la participación societaria de las propias entidades que financiaban las operaciones inmobiliarias. Tras las investigaciones realizadas, se detectó un presunto trato de favor dispensado de las entidades financieras investigadas al citado grupo empresarial mejicano.

Desde esta corporación, tras recibirse la correspondiente financiación para los diferentes proyectos, se desviaron más de 130 millones de dólares a Andorra y Suiza mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales. Los préstamos financieros para la inversión en seis operaciones inmobiliarias en el Caribe mejicano superaron ampliamente 500 millones de dólares. Estas operaciones supusieron para las entidades señaladas un quebranto económico de más de 250 millones de dólares, según un informe del Banco de España.