Operación Púnica: la Guardia Civil pide facturas de la trama a cinco ayuntamientos valencianos

Según han informado fuentes jurídicas y de la investigación, se preveía la detención de al menos dos personas, pero su arresto no ha sido posible. Aun así, no se descartan detenciones a lo largo de este miércoles, tampoco en la Comunidad Valenciana.

En los casos de requerimiento de información, los guardias civiles buscaban contratos concretos que los consistorios dieron a empresas relacionadas con esta trama de corrupción municipal y autonómica, una red que se adjudicó contratos públicos de unos 250 millones de euros a lo largo de varios años.

En Valencia, Castellón, Dénia y Gandia, los investigadores han pedido la documentación que hubiera en los ayuntamientos sobre diversas adjudicaciones a sociedades propiedad del empresario considerado «conseguidor» de contratos de la trama, Alejandro de Pedro.

En Valencia y en Castellón buscaban sendos contratos con la empresa Madiva, en Gandía otro de 15.000 euros con Eico y en Dénia un cuarto de 34.000 euros con otra de las sociedades de De Pedro.

A raíz de la práctica de estas las diligencias, el Ayuntamiento de Castellón ha informado de que el pago del contrato con Madiva Editorial en materia de inserción de publicidad se paralizó y sigue suspendido, y el de Gandia ha defendido la contratación del empresario por su valía en materia de posicionamiento web.

El alcalde de Gandia (Valencia), Arturo Torró, ha entregado a la Guardia Civil diferentes facturas del Ayuntamiento desde el año 2008 con empresas de Alejandro de Pedro. Según fuentes del consistorio, el juez ha requerido documentación tanto de esta legislatura como de la anterior, etapa gobernada por el PSPV, por lo que le han entregado facturas de esta etapa por valor de 17.500 euros con las empresas EICO y Madiva correspondientes a finales de 2011 y los años 2012-2013, pero también otras por 72.000 euros con la empresa Autoritas Consulting. De acuerdo con estas fuentes, el valor de los facturado entre 2008 y 2011 asciende a 72.000 euros y la empresa está igualmente relacionada con la misma persona.

La mayor parte de la instrucción del caso Púnica sigue bajo secreto de sumario, ya que aún se están analizando los 43 "terabytes" de información que se confiscaron en los registros de octubre, y el próximo jueves el juez tomará declaración como imputados a Alejandro de Pedro y al alcalde en funciones de Sevilla la Nueva, Mario Utrilla.