Dos años de cárcel para una conservadora por estafar al exdirector del IVAM

El tribunal condena a esta mujer por un delito continuado de estafa de especial gravedad, y junto a la pena de prisión le fija el pago de una multa de 2.400 euros y una indemnización para el matrimonio estafado de 303.260,83 euros --los 278.660 euros que les defraudó más los intereses legales correspondientes--. La mujer negó las acusaciones durante el juicio y reiteró que todo el tema económico y las ventas las llevaba su marido, ya fallecido.

Los hechos se remontan al año 2000, cuando Barañano era director del IVAM --lo fue desde 2000 a 2004-- y la condenada, una conservadora del museo. A los pocos meses de ser nombrado director, conoció al marido de su compañera de trabajo en una exposición que tuvo lugar en la Fundación Bancaja, donde su mujer trabajaba.

La condenada hizo creer al matrimonio que su marido era experto en inversiones y que en aquellas fechas (2003) había hallado una inversión muy provechosa en títulos de la filial argentina de una compañía de telefonía.

El matrimonio, confiado en lo que la condenada y su marido les contaban, les entregaron distintas sumas de dinero mediante cheques, pagarés, transferencias bancarias y entregas en efectivo desde finales de noviembre de 2003 hasta octubre de 2005. Sin embargo, debido a la confianza que había entre ellos, no suscribieron contrato o recibo alguno para acreditar las cantidades que entregaban y el destino que debía darse a las mismas.

Conforme tenían planeado desde el principio, la condenada y su marido no efectuaron transferencia alguna a Argentina ni invirtieron el dinero ni lo conservaron, sino que lo ingresaron en cuentas suyas privadas y lo destinaron a sufragar gastos corrientes.

En febrero de 2005, tras pedirle el matrimonio que les dieran alguna garantía de devolución de las cantidades entregadas antes de transferirles otras, la condenada y su marido les entregaron dos pagarés por importes de 50.000 y 150.000 euros que no fueron atendidos en sus fechas de vencimiento.

El tribunal considera probado que la condenada actuó con la "clara intención" de obtener un lucro ilícito mediante el desplazamiento patrimonial de los querellantes llevado a cabo mediante un "engaño" urdido por la condenada y su esposo fallecido.