Juzgan al exvicepresidente de la Diputación por ocultar un premio de 12,3 millones de la Lotería

Así consta en un auto -facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)- dictado por el juez del 'caso Emarsa' y que se refiere a la pieza 2 del procedimiento.

Crespo y su familia fueron procesados el pasado mes de julio por ocultar este premio de lotería para, según mantiene el juez, eludir el pago de cualquier tipo de responsabilidad civil en caso de que sea condenado Enrique Crespo en la pieza principal del caso, lo que supone un presunto delito de alzamiento de bienes.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el fiscal mantiene su petición (hecha pública el pasado 4 de septiembre) en esta pieza separada del caso Emarsa y reclama para todos ellos penas de tres años de prisión y multas de 27.000 euros (18 meses a 50 euros diarios) por un supuesto delito de alzamiento de bienes.

El fiscal plantea asimismo que debe ser reintegrado al patrimonio de Enrique Crespo la cuantía de 12.375.000 euros, procedente del cobro por su familia de los billetes de lotería premiados que eran propiedad del también exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises.

La Abogacía de la Generalitat, al igual que el resto de acusaciones personadas en la causa, considera autor del delito de alzamiento de bienes a Enrique Crespo Calatrava, y cooperadores necesarios a su hermano Carlos y sus padres, Enrique Crespo García y María Ángeles Calatrava Ortí.

En consecuencia, reclama para Enrique Crespo Calatrava una pena de dos años y una multa de 10.800 euros; y de un año de prisión y una multa de 5.400 euros para el resto de procesados.

El abogado del Consell pide asimismo que el hermano y los padres reintegren al patrimonio de Enrique Crespo Calatrava los bienes "indebidamente retraídos", que cuantifica en 22.770.000 euros.

También que, de cara las posibles exigencias derivadas de su responsabilidad civil, se anulen las transmisiones de décimos premiados y se declaren nulos los contratos de depósito o valores financieros "utilizados por los acusados para ocultar premios".

La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que ejerce la acusación popular como sucesora de los activos de Emarsa -empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo- pide para Enrique Crespo Calatrava una pena de 3 años de prisión y una multa de 108.000 euros .

Para el resto de procesados en esta pieza reclama dos años y medio de prisión y multas de 84.000 euros; y que devuelvan al patrimonio de Enrique Crespo Calatrava al menos 13.625.000 euros, es decir, el equivalente a 109 décimos de lotería premiados (segundo premio del sorteo extraordinario de Navidad de 2011, que supuso 125.000 euros por décimo).

El pasado mes de febrero el juez instructor ordenó en un auto el bloqueo de 12.375.000 euros en distintas cuentas de los padres y el hermano de Crespo, cantidad que corresponde a 99 décimos de lotería, puesto que este únicamente reconoció al juez tener un décimo en su poder.

El instructor dio credibilidad al testimonio del interventor del Ayuntamiento de Manises, que declaró como testigo el 13 de febrero y que aseguró haber escuchado a Crespo reconocer que tenía cien décimos el 23 de diciembre de 2011.

A este testimonio se concedió credibilidad por mostrarse "firme, claro y coherente", si bien Crespo insistió en desmentir su tesis en una posterior declaración ante el juez.

"El miedo a las consecuencias o a la debilidad de quien tiene que trabajar en un Ayuntamiento y que depone contra quien ha sido su alcalde es motivo suficiente para que tal testimonio haya sido tardío", indicó entonces el instructor.

En consecuencia, el juez concluyó que Enrique Crespo obtuvo un premio de cuanto menos 12.500.000 euros, correspondiente a 100 décimos y que "se concertó" con sus padres y su hermano para el cobro de los mismos.

Según el citado auto, el hermano cobró 70 décimos, la madre 54 y el padre cinco, además de cientos de participaciones, que alcanzan un total de 22.770.000 euros, de ahí la petición de la Abogacía de la Generalitat.