Los ocho casos judiciales que afectan al PSOE que no quiso ver Pedro Sánchez en Valencia

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada ayer en Valencia –en la que se aprobó una declaración que recopila los compromisos y las propuestas de su partido contra la corrupción– prefirió ceder la palabra al secretario general del PSPV, Ximo Puig, preguntado por la posibilidad de incluir a estos dos dirigentes en las listas electorales si su situación no se hubiera resuelto todavía en el momento de confeccionarlas.

Durante la visita de Sánchez también se eludió la situación del alcalde de la localidad valenciana de Montroi, Antonio Polo, procesado en una causa sobre venta de chalés ilegales a extranjeros . El juez aprecia posibles de delitos contra la ordenación del territorio; de cohecho; de prevaricación; de omisión del deber de promover la persecución de delitos; de deslealtad profesional; de estafa; de falsedad en documento público; de falsificación de certificación; y de intrusismo.

Mientras, el «mapa» de la corrupción en las filas socialistas en la comarca de la Vega Baja alicantina incluye a dos alcaldes –uno diputado– bajo sospecha y a tres concejales investigados igualmente por varias posibles irregularidades en la gestión del dinero público.

El caso más reciente que se ha destapado, esta misma semana, es el de Bigastro, donde la Inspección de Trabajo ha sancionado al Ayuntamiento con 60.000 euros por contrataciones fraudulentas de 45 trabajadores en el campo con falsas cotizaciones a la Seguridad Social. El engaño se produjo entre 2002 y 2011, cuando gobernaban José Joaquín Molla y Raúl Valerio. El primero ya fue condenado por prevaricación a ocho años de inhabilitación por una licencia. El segundo hoy es portavoz del PSPV en la oposición y diputado provincial, y está imputado por otras varias causas. Gastó 24.000 euros sin justificar con una tarjeta de la alcaldía –entre otros dispendios, una comida de 500 euros tras perder las elecciones–.

El alcalde de Los Montesinos, José Manuel Butrón, está imputado por posibles delitos urbanísticos en la revisión de infracciones en terrenos. En Benferri, la Fiscalía Anticorrupción investiga a la máxima autoridad local, Luis Vicente Mateo, por contratos a dedo, entre otros, para «enchufar» fijo a su hijo y emplear a su hija.

Los siete concejales socialistas de Redován, por su parte, se gastaron 2.300 euros en descargas de videojuegos y en mensajes de móvil «premium» para participar en concursos televisivos con los terminales del ayuntamiento. Ocurrió en la anterior legislatura, cuando gobernaban, y quedó constancia en julio en un informe de la interventora municipal. Hoy sigue siendo concejal Encarna Heredia. Y la portavoz del PSPV en San Fulgencio y exalcaldesa, Trini Martínez, está siendo juzgada esta semana por un delito contra la ordenación del territorio y otro continuado de prevaricación. El fiscal pidió dos años de cárcel y 10 de inhabilitación.

La idea de la Comunidad como paradigma de la corrupción –motivo por el que los socialistas realizaron la presentación de la llamada «Declaración de Valencia»– fue valorado por el PP como una «desfachatez» . «Si el PSOE quiere buscar un Gobierno referente en corrupción debe mirar a Susana Díaz y Andalucía aunque sea solo por una cuestión aritmética, porque allí se encuentra el mayor caso de corrupción de España con 229 imputados». «Este acto es un insulto para la sociedad valenciana», recriminó el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular en el Congreso, Rafael Merino, horas antes.