Procesan a un alcalde del PSOE por la venta de casas ilegales a extranjeros

En lugar de un campo de golf o de un lago, tal y como se prometía, algunas viviendas se edificaron sobre viales o caminos agrícolas y no disponían ni de luz ni de agua potable.

Así consta en un auto de incoación de palo, con fecha 29 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez da por concluidas las diligencias de investigación y abre un procedimiento abreviado. Da un plazo de 20 días a las acusaciones para solicitar la apertura de juicio o el sobreseimiento de la causa.

En total, en la causa hay 19 procesados: el alcalde de Montroi; el ex primer edil; cinco promotores y constructores; un delineante; un abogado; dos notarios; un oficial de notario; un registrador de la propiedad; un arquitecto; dos arquitectos técnicos; un ingeniero técnico; y dos intérpretes. Inicialmente también estaba imputado otro promotor sobre el que se le ha sobreseído el procedimiento al haber fallecido.

El juez estima que los hechos investigados, sobre los hay cerca de 200 víctimas, pueden ser constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio; de cohecho; de prevaricación; de omisión del deber de promover la persecución de delitos; de deslealtad profesional; de estafa; de falsedad en documento público; de falsificación de certificación; y de intrusismo.

La investigación de la causa se ha centrado sobre la construcción de viviendas unifamiliares aisladas y en suelo no urbanizable o rústico en las partidas de Las Palomas; Pla Galán; Los Corrales; L'Hospitalet; y Les Valletes. Las viviendas carecían de autorización y estaban ejecutadas al margen de los procedimientos legalmente establecidos.

En concreto, de las diligencias practicadas se ha constatado la existencia de indicios razonables de delito en la ejecución de las obras de construcción de un total de 114 viviendas unifamiliares, de las que 62 se encuentran ubicadas en la Urbanización Las Palomas, por contravención de las disposiciones reguladoras de la ordenación del territorio.

A los ciudadanos, mayoritariamente extranjeros, se les vendía la propiedad exclusiva de una parcela, perfectamente identificada y aparentemente independiente y delimitada por cuatro puntos cardinales, cuya concreta ubicación se mostraba según un plano particular de la urbanización ya terminada y completamente parcelada.

Para la construcción de las viviendas se exhibían unos modelos de edificación estandarizados. Así mismo, se presentaban las villas con las dotaciones y servicios públicos esenciales, valiéndose además de diversos reclamos como la construcción de un lago, un campo de golf, un centro comercial, una comisaría de policía y un hotel que ni siquiera consta que se hubieran proyectado.

Sin embargo, en realidad, las fincas rústicas de las que derivan las parcelas eran indivisibles y no habrían sido objeto de procedimiento previo alguno, pues seguirían formando parte de la finca registral. Carecían de la preceptiva licencia de parcelación o de la declaración de innecesariedad municipal.

Como consecuencia, ni todos los perjudicados tienen vivienda, ni todos los que la tienen lograron que la misma se correspondiese con la que aparecía documentada en el contrato privado; ni que en el caso de que se llegara a escriturar éste, los derechos derivados de la adquisición tampoco se corresponderían con lo contratado, y ello a pesar de las importantes cantidades desembolsadas.

Uno de los promotores procesados adquirió en 2003, junto a su socio ya fallecido, los terrenos sobre los que se asientan las edificaciones investigadas de la localidad de Montroi, y en ese ejercicio se comenzó la construcción de las edificaciones que debían integrarse en Las Palomas. Estarían formadas por viviendas unifamiliares --modelo 'villas'-- y destinadas a ser ofertadas a ciudadanos extranjeros, al margen del mercado inmobiliario convencional.

Este socio, junto con el fallecido, procedió a la venta, a ciudadanos extranjeros, y con apariencia de legalidad, de unos terrenos cuyo único destino era la construcción de unas villas que se encontraban en suelo no urbanizable común, siendo que algunas de ellas se habrían edificado sobre viales o caminos agrícolas, alterando de esta manera la configuración de la zona y su accesibilidad.

En la construcción de estas edificaciones ilegales participaron dos de los promotores procesados, así como otros dos constructores. Y un delineante, encargado de la dirigir la ejecución de las obras de construcción. Entre ellos pudieron obtener de forma engañosa el consentimiento contractual de los compradores, vendiendo villas en una urbanización inexistente.

Y para ello también se contó con la participación de un abogado, quien ofrecía a los potenciales compradores asesoramiento jurídico con la finalidad de disipar las dudas y reticencias que pudieran tener sobre la legalidad de la operación.

En el entramado presuntamente también participaron el alcalde y el exalcalde de la localidad. Respecto de Carrión, el juez indica que habría permitido, "a sabiendas", la ejecución de las viviendas sobre la zona de Canya Murta sin que previamente se hubiera aprobado el plan parcial que lo autorizara, fomentando así que los constructores quedaran fuera de la obligación de costear las infraestructuras, y trasladando estas obligaciones a los propietarios de las casas y en parte por el consistorio, cuando fuera aprobado el PAI en la zona.

En cuanto a Polo, señala que siendo conocedor de la existencia de las edificaciones ilegales, y faltando a los deberes propios de su cargo, incumplió igualmente la obligación establecida de proceder al restablecimiento de la legalidad urbanística, facilitando con ello la prescripción de algunas de las infracciones urbanísticas.

Así mismo, en esta presunta estafa participaron notarios, un oficial de una notaría y un registrador de la propiedad para otorgar escrituras públicas de las viviendas, pese a que se trataba de parcelaciones en suelo no urbanizable; así como arquitectos y arquitectos técnicos, quienes certificaron antigüedad de viviendas indiciariamente falsas.

Como consecuencia de las actuaciones constructivas llevadas a cabo se han constatado daños medioambientales, que han afectado la estabilidad urbanística del municipio. El coste de reposición de la superficie afectada y que debería ser objeto de corrección asciende a 2,51 millones de euros.