La Generalitat decide hoy sobre la nueva propuesta de Calatrava

Así lo explicaron a Europa Press fuentes de la administración autonómica, que han confirmado, además, que las constructoras y Calatrava les hicieron llegar el pasado viernes una nueva oferta de solución para el teatro de ópera. Ahora, el paso siguiente es que los servicios jurídicos estudien el documento para ver si se ajusta o no a los requisitos exigidos por el Consell y, a partir de ahí, adoptar las oportunas medidas.

Según detalló el conseller de Economía, Máximo Buch, en la rueda de prensa tras el último pleno del Consell, las exigencias de la Generalitat pasan por obtener un acuerdo para realizar la intervención presenten que implique un recubrimiento cerámico --aunque no necesariamente 'trencadís'-- y que cuente con una garantía de 10 años.

Buch indicó que la primera de las exigencias es «ejecutar un recubrimiento de cubierta liso y sin ondulaciones», lo que quiere decir que «no vale pintar, porque si uno pinta las irregularidades de la superficie se ven», advirtió.

También se reclama que el material que se utilice «debe ser cerámico, blanco o lo más similar al original». De este modo, se demanda una cobertura cerámica «del mismo acabado, textura y color aunque se abre la puerta a que no sea trencadís si éste no tiene la suficiente garantía», dijo Buch, que concretó que la diferencia es que presente una adherencia distinta al mortero.

Igualmente, la Generalitat demanda que la solución constructiva que se proponga tenga «un mantenimiento y coste razonable», que no sea complicado de mantener ni muy caro porque eso sí lo tiene que asumir CACSA".

Uno de los principales requisitos es que quien lleve a cabo la obra dé una garantía de diez años y un informe técnico de que más allá de ese tiempo el riesgo de sufrir incidencias es muy bajo.

Aunque la intención sigue siendo un acuerdo «amistoso», cabe recordar que el Consejo de Administración de CACSA ya ha decidido «preventivamente» que, si finalmente no se logra ese consenso, se iniciará la vía judicial para reclamarles una compensación, al mismo tiempo que se licitarán las obras para que puedan concurrir otras empresas.