Vecinos y autoridades de Castellón piden el cierre inmediato de Castor

Las plataformas de vecinos afectados han pedido al Gobierno que "asuma los gastos" que se puedan generar con el cierre definitivo de la actividad en la planta Castor, situada frente a las costas de Vinaròs.

El informe del IGN, conocido a través del diputado de IU por Valencia en el Congreso, Ricardo Sixto, pone de manifiesto que existió "relación directa" entre los más de 400 microseísmos registrados en septiembre de 2013 frente a Vinaròs con la actividad de extracción de gas de la planta.

El portavoz de la Asociación de Vecinos Migjorn de Vinaròs, Sebastià Fabregat, ha recordado a EFE que antes de que se construyera la planta les aseguraron que los informes garantizaban la seguridad, y ahora "ha quedado demostrado que esto no era así".

El informe del IGN asegura que no se tuvo en cuenta el informe de "impacto de sismicidad inducida" para determinar la peligrosidad del proyecto Castor.

Pese a no ser expertos, "los vecinos ya sabíamos que existía esa relación causa-efecto", según Fabregat, quien ha pedido a las autoridades que "asuman las responsabilidades" y los vecinos no paguen "en la factura de la luz" los efectos del "mal proceder de los políticos".

Por su parte, el experto en riesgos naturales y vocal del Colegio de Geógrafos de España Jonathan Gómez Cantero ha explicado a EFE que con el informe del IGN se confirma "lo que ya se podía intuir".

La relación causa-efecto entre los seísmos y la actividad del Castor, según Gómez Cantero, "pone de manifiesto las carencias en la normativa ambiental española" que "expone a la población a riesgos naturales sin haberlos estudiado previamente".

En cuanto a la existencia de una falla sin cartografiar que recoge el informe, el experto ha dicho que "ya se podía prever su existencia al observar la alineación y situación de los seísmos".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha manifestado a EFE que existe "el compromiso del Ministerio de que el Castor no se reabrirá si no hay plenas garantías de que no habrá riesgo sísmico".

Según Moliner, "el Gobierno de Mariano Rajoy está trabajando para poner una solución a la nefasta gestión de dos gobiernos socialistas y cuatro ministros del PSOE", y para que esta gestión "no afecte a los ciudadanos".

En la misma línea se han manifestado alcaldes del norte de la provincia de Castellón, como el de Peñíscola, Andrés Martínez, quien ha dicho a EFE: "Ahí tenemos la gran obra del gobierno del PSOE en nuestra comarca, un almacén de gas y un cementerio de dinero público que ha causado uno de los episodios más angustiosos en la zona de los últimos tiempos".

Martínez ha explicado que con el informe se tiene la "certeza de la causa-efecto entre la inyección de gas de Castor y los seísmos registrados en el norte de Castellón y el sur de Tarragona".

Para el alcalde de Peñíscola no caben "excusas" ni demoras: "Desde la Administración tenemos la responsabilidad de actuar en consecuencia y en beneficio de la seguridad de los intereses de los ciudadanos".

Esta seguridad, ha añadido, "está, por supuesto, por encima del interés particular y económico de un grupo empresarial".

"La claridad del informe es incontestable y la garantía de que los seísmos no van a volver a suceder por esta causa debe serlo también", ha concluido Martínez. Consultada por EFE, la empresa Escal UGS, concesionaria del proyecto, ha rechazado hacer declaraciones.