Blasco: «Tengo la conciencia tranquila y menos dinero que cuando entré en política»

Blasco se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al tribunal valenciano, donde desde este martes y previsiblemente hasta el próximo 11 de marzo se le juzga junto a otras ocho personas por la pieza primera del 'caso Cooperación', en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de ayudas desde la extinta Conselleria a la Fundación Cyes .

Blasco ha llegado al TSJCV a las 8.50 horas -el comienzo de la vista está previsto para las 9.30 horas--, en un vehículo particular, y se ha parado a atender a los periodistas que le esperaban en la puerta. Minutos más tarde se ha presentado en el órgano judicial su abogado, Javier Boix. En sus declaraciones, el exconseller, quien también fue diputado 'popular' en las Corts , ha afirmado que llega al juicio "con mucha seguridad, con mucha tranquilidad, confiando en la justicia y convencido plenamente" de su "inocencia", y todo ello "d espués de casi tres años de un juicio paralelo en el que no se ha tenido en cuenta la presunción de inocencia y en el que se han vulnerado derechos fundamentales", ha apostillado.

En este caso están imputadas nueve personas por tráfico de influencias, falsedad, prevaricación, malversación y fraude en la concesión a la fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) de 1,8 millones para proyectos en Nicaragua, donde solo llegaron 43.000 euros.

Los procesados en esta pieza son, además de Blasco -actual diputado no adscrito en Les Corts Valencianes -, cinco funcionarios de su conselleria y tres responsables de empresas, entre ellos Augusto César Tauroni, el único imputado en prisión, y Marcial López, presidente de la fundación Cyes (sin relación con la constructora del mismo nombre).

La Fiscalía Anticorrupción pide 14 años de prisión y 33 de inhabilitación para Blasco; la Abogacía de la Generalitat Valenciana solicita 11 años y medio de prisión y 31 de inhabilitación para el exconseller, y el PSPV-PSOE, personado en la causa, pide 15 años de prisión y 42 de inhabilitación.

Esta es la primera de las dos piezas que conforman el caso Cooperación, en el que también se investiga a un entramado de empresas que recibieron entre 2009 y 2011 al menos 3,5 millones de euros de subvenciones públicas de la Generalitat para cooperación internacional.

El origen del caso fueron unas denuncias ante la Fiscalía en octubre de 2010 de las diputadas de la oposición Clara Tirado (PSPV) y Mireia Mollà (Compromís), que en mayo de 2011 llegaron al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia y en septiembre de 2012 asumió el TSJCV por la condición de aforado del exconseller Rafael Blasco.

Blasco ha señalado que "es el momento de la verdad", y se ha mostrado convencido de que este juicio "va a permitir aclarar todas las cosas": "soy una persona que llego con la conciencia muy tranquila, con la convicción de no haberme aprovechado nunca de ningún cargo público " por el que ha pasado. Además, Blasco ha resaltado que sus recursos económicos y sus medios son en estos momentos "menores" de los que tenía cuando comenzó su andadura política, y por lo tanto entiende que "es el momento de clarificar estas cosas con tranquilidad, seguridad y dejar hablar a la justicia". "Y cuando esto termine -ha agregado-- estoy seguro de que vamos a poder hablar de muchas más cosas", opina.