El juez concluye que CDC cobró a través del Palau comisiones ilegales
El juez mantiene la imputación a Fèlix Millet - efe
«caso palau»

El juez concluye que CDC cobró a través del Palau comisiones ilegales

Cuatro años después, el magistrado cierra la investigación del «caso Palau» y mantiene al partido de Artur Mas como «responsable civil subsidiario a título lucrativo»

Actualizado:

A punto de cumplirse cuatro años de aquel 23 de julio de 2009 en el que el registro del Palau de la Música por parte de los Mossos d'Esquadra destapaba el mayor escándalo de corrupción en Cataluña de los últimos años, el juez Josep Maria Pijuan ha dado por cerrada la instrucción del caso.

Paso a paso van cerrándose etapas en un caso que ha destapado por una parte el saqueo de las arcas de la institución cultural a cargo de sus gestores, Fèlix Millet y Jordi Montull, y por otra la utilización del Palau como vehículo para el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública a favor de CDC, partido con el que los saqueadores establecieron un "pacto criminal", según la reciente definición de la Fiscalía Antcorrupción.

En su escrito, el juez Pijuan no modifica la calificación para CDC de "responsable civil subsidario a título lucrativo", y mantiene las imputaciones para Millet, Montull, Daniel Osàcar (ex tesorero del partido) y a otras 14 personas.

El juez recopila todos los datos conocidos hasta ahora, con una pormenorizada descripción del mecansimo por el que el partido de Artur Mas se hizo al menos con 6,6 millones de euros que pagó la empresa Ferrovial para ser favorecida en concursos de obra pública. El juez recuerda que dicha empresa pagaba habitualmente una comisión del 4% del total de la adjudicación que se repartía del siguiente modo: 2,5% para CDC y 1,5% para los saqueadores confesos del Palau. En otros casos, el porcentaje era del 3,5% para el partido, y del 0,5% para los exgestores de la entidad. De igual forma, Millet y Montull hicieron desaparecer hasta 18 millones para su lucro personal u otras finalidades desconocidas. CDC por su parte sigue con su sede embargada en concepto de fianza de 3,2 millones impuesta por el juez.

El juez entiende que la instrucción debe darse por finalizada "aún cuando no se haya podido averiguar el destino de una gran parte de los fondos distraídos del Palau", a la vez que considera que considera que la posición de Millet y Montull de "reconocer una parte muy menor del total expoliado y ofrecer algunos de sus bienes" en concepto de reparación no debe considerarse como "colaboradora" con la instrucción. El juez también reprocha la "falta de colaboración, en absoluto legítima" de las entidades bancarias con el juez a la hora de seguir la pista de los fondos saqueados, y da cuenta de ello al Banco de España "a los efectos que procedan".

Con el cierre de la instrucción, la Justicia da un paso más hacia el juicio oral, algo que fuentes judiciales consultadas por este diario consideran que no se producirá al menos hasta finales de 2014 o 2015.

El Palau evita implicar a CDC

Por su parte, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música ha remitido un escrito al juez en el que acusa a la antigua cúpula, encabezada por Félix Millet y Jordi Montull, pero evita implicar en el caso a CDC,partido al que el fiscal responsabiliza de haberse llevado 6,6 millones en comisiones.

Según informa hoy "El Periódico", para los abogados del Palau los únicos responsables del desfalco de la entidad musical y son su ex presidente Félix Millet, su "mano derecha" Jordi Montull, su hija Gemma Montull y otros doce directivos y empleados, entre ellos la exdirectora general de la Fundació Rosa Garicano y las esposas de Millet y Montull.

El Palau sostiene que Millet y Montull probablemente desviaron fondos del patrocinio de la constructora Ferrovial en favor de terceras empresas que emitían facturas por servicios inexistentes, pero elude precisar que estas tuvieran relación con CDC.

El fiscal del caso sí acusa a CDC de beneficiarse de los pagos de la constructora al Palau de la Música y lo relaciona con el cobro de "comisiones ilícitas" de un 4% correspondientes a obras adjudicadas a Ferrovial por el gobierno de la Generalitat.