Método 3 admite el espionaje a Sánchez-Camacho y le indemniza con 80.000 euros

La agencia de detectives Método 3 y la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho , han alcanzado este miércoles un acuerdo por el que la agencia admite que grabó ilegalmente a la dirigente popular en su encuentro con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola Victoria Álvarez , e indemniza a la dirigente popular con 80.000 euros por los daños causados, han informado a Europa Press fuentes populares.

En el acuerdo, Método 3 asume que ha perjudicado a la presidenta del PP catalán con su investigación y se compromete a velar por que el contenido de esa grabación no se difunda; a cambio, Camacho acepta las disculpas de la agencia y, según el acuerdo, «concede el más amplio perdón tanto civil como penal a la mercantil Método3, S.A. así como al personal, apoderados y administradores de la misma».

Método 3 deja claro que fueron dos exempleados de la empresa los que grabaron la conversación mantenida en una comida que ambas mantuvieron en el restaurante La Camarga, en Barcelona, el 7 de julio de 2010. La agencia, igualmente, asume la culpa, se compromete a extremar las medidas de seguridad para que se produzca el «cese inmediato, efectivo y permanente» de la divulgación de las «grabaciones ilegítimas».

En un acuerdo similar, Método 3 indemniza también a Victoria Álvarez aunque con una cantidad inferior a la de Camacho, han informado a Europa Press fuentes de la defensa, y la exnovia de Pujol también renuncia así a emprender cualquier acción civil o penal.

Pese a la retirada de las denuncias, el juzgado de instrucción número 14 de Barcelona mantiene abierta la causa contra Método 3 y hoy ha acordado prorrogar por un mes más el secreto de sumario, según fuentes judiciales.

El juzgado ha dado traslado de toda la causa a la Fiscalía, que a la luz de los informes elaborados por la Policía Nacional deberá decidir ahora si prosigue su investigación , independientemente de la retirada de la acusación particular de Sánchez-Camacho, ya que el ministerio público tiene la obligación de perseguir todos los delitos públicos, entre los que se cuenta la revelación de secretos.