La Junta lleva a la Fiscalía siete expedientes de parques eólicos y defiende su legalidad

El Gobierno de Castilla y León salió al paso de la noticia anunciando que remitirá a la Fiscalía Anticorrupción los expedientes de autorización de las instalaciones. Así lo anunció ayer el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, que es también responsable de las relaciones del Ejecutivo con el Parlamento autonómico y de la Asesoría Jurídica de la Junta.

Anunció, además, que Tomás Villanueva había solicitado su comparecencia en la diputación Permanente de las Cortes regionales, aunque minutos antes el propio Villanueva había señalado que no sabía si se produciría porque «no es el momento propicio, ya que las Cortes están disueltas». Lo cierto es que la comparecencia fue impulsada por el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, tras reunirse con él ayer por la mañana y probablemente se realizará la próxima semana.

Así las cosas, el consejero de Economía y Empleo habló ayer ante los medios de comunicación con evidente disgusto tanto por el fondo de las informaciones como por el hecho de que la Agencia Tributaria no se haya dirigido a la Administración regional para recabar información, hasta el punto de que su Consejería desconocía el informe. Insistió en que los citados expedientes están a disposición de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía, si bien avanzó que su departamento ya los ha revisado -se estudia la posibilidad de analizar todas las instalaciones eólicas- y se ha concluido que «la autorización administrativa ha sido correcta y ajustada a la legalidad». «No se han apreciado irregularidades; hemos actuado con corrección, seriedad y transparencia», señaló. Sobre la participación de cargos de la consejería en algunas de las sociedades creadas, Villanueva aseguró que «nosotros no entramos a saber quiénes son los propietarios», y en relación con la venta de las acciones muy por encima de su valor inicial, apuntó que «la administración pública no tiene ninguna participación en esas negociaciones o contactos que son de particulares».

Precisamente, fuentes de Iberdrola, una de las empresas supuestamente involucrada en la trama, aseguraron que «Iberdrola Renovables en Castilla y León (Ibercyl) ha desarrollado sus proyectos eólicos en Castilla y León siempre en el marco de la más estricta legalidad». «Las operaciones de compraventa llevadas a cabo por Ibercyl-añadieron las mismas fuentes- siempre se han materializado en base valoraciones de mercado».

El informe de la Agencia Tributaria parte de la creación de sociedades conjuntas entre una compañía eléctrica y pequeñas empresas locales, de forma que la inversión inicial se multiplicaba cuando una vez autorizados los parques eólicos el pequeño empresario vendía sus acciones. Es el caso de Alberto Esgueva, propietario de la Empresa San Cayetano Wind, que creó en 2005 con la filial de Iberdrola, Ibercyl, una sociedad mixta llamada Energía Global Castellana, a la que aportó 24.400 euros y que consiguió autorización para la construcción de 18 parques eólicos en Soria, Burgos y León. Dos años después Esgueva vendió sus acciones a Iberdrola por las que recibió 47 millones de euros. A estas cifras se suman otras operaciones similares por importe de 35 millones, diez, siete, seis, cuatro y dos millones, hasta un total de 110 millones de euros. Para el inspector de la Agencia Tributaria, «las eléctricas dieron dinero sin lógica mercantil», razón por la que ha enviado el caso a la Fiscalía Anticorrupción y al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía.