Libertad para la agente que tuvo 30 horas el arma del crimen

La resolución de la Audiencia se aparta de las consideraciones de la acusación y la Fiscalía respaldadas por la jueza instructora, que defiende que «la investigación -que lógicamente ha seguido su curso- no ha permitido desvirtuar en los últimos meses los indicios existentes en cuanto a su participación en los hechos». Un argumento que la Audiencia no cree que sea suficiente, ya que si bien «no duda de la existencia de indicios contra la imputada», pide que se tenga en cuenta que «tampoco ha habido relevantes investigaciones» que los confirmen o agraven, como sostienen las acusaciones, sino que el resultado de las practicadas con posterioridad, a juicio de la sala, «han decepcionado las expectativas». Por ello, y teniendo en cuenta que la fase de instrucción está ya próxima a su fin, consideran que no habrá sorpresas en la línea de probar de forma más fehaciente la implicación de Gago en el crimen.

Según reconocen en la resolución, es cierto que se dan una serie de circunstancias no explicadas por Gago que constituyen un «sospechoso conjunto indiciario que deberá ser valorado por el órgano de enjuiciamiento». No obstante, estiman que no son en ningún caso «una prueba directa de su implicación en el homicidio» e incluso no presentan una «solidez indiscutible» que demuestren la participación de la agente en una «confabulación previa» para asesinar a Carrasco ideada junto a las otras imputadas, Montserrat González y Triana Martínez, al poder tener «otra explicación alternativa» aunque por el momento desconocida.

Otra de las claves que justifican su salida de prisión es que ésta, como medida cautelar, fue acordada «con la única finalidad» de evitar el riesgo de fuga de la imputada, que la sala defiende que se encuentra en este momento «si no totalmente desaparecido, desde luego muy matizado o disminuido». A esto se añade que Gago un argumento más sorprendente sí «colaboró con la Policía al entregar el arma» en un momento en el que recuerdan que «ni el procedimiento judicial ni la investigación se dirigían contra ella». Además, considerando el tiempo transcurrido entre que Triana depositó la pistola en su coche y ella dijo haberla encontrado -30 horas- «pudo haberse deshecho de la misma, con lo que hubiera podido entorpecer el esclarecimiento de los hechos» y no lo hizo así y tampoco se fugó ni en esas horas ni entre su primera visita a Comisaría y su posterior ingreso en prisión.

Pese a todo lo destacado, desde la Audiencia afirman que no se puede descartar que los indicios que apuntan a Gago «no resulten suficientes para atribuir definitivamente a la imputada su participación activa en el homicidio» o, cuando menos, «sirvan para condenarla por el delito de encubrimiento (cuya pena legal es de prisión de 6 meses a 3 años y sin que sea descabellada la apreciación de una atenuante, con lo que la pena se situaría en la mitad inferior de la señalada legalmente)». Aún así, creen que cabe su salida provisional de prisión bajo fianza «a la vista de la gravedad de las imputaciones» de 10.000 euros. Una cantidad fijada «en atención a la situación patrimonial de la imputada», que tendrá que comparecer con carácter periódico ante el juzgado o tribunal los lunes de cada semana, además de prohibirle salir del territorio nacional, para lo cual deberá entregar «de inmediato» su pasaporte.

De momento, ayer Raquel cruzó con una ligera sonrisa en su rostro la pasarela hacia la puerta de acceso a la prisión. Acompañada por dos personas que llevaban un carro con sus pertenencias y custodiada por varios agentes de la Guardia Civil, salía de la cárcel poco después desde el aparcamiento destinado a los funcionarios en el asiento trasero -delante iba a su hermana- de un vehículo de color blanco. De manera excepcional, accedió al aparcamiento de los trabajadores del centro y evitó así la presencia de la prensa que se agolpaba en la entrada.

Una vez fuera de prisión, Gago podría solicitar su incorporación a su anterior pu esto de trabajo como Policía Local, pese a que ésta podría ser rechazada hasta que, tras la celebración del juicio, exista una resolución judicial definitiva.