Los escolares que no tienen que pagar el comedor aumentan un 38% desde 2011

Entre los beneficiarios de alguna ayuda, se detecta un incremento sustancial en los perceptores de la beca que cubre el 100% del coste del servicio. En el curso 2011-2012, 3.818 niños comían en sus colegios completamente subvencionados; en septiembre de 2013, los registros de la Consejería de Educación arrojan 6.166 menores exentos del pago. El salto, de un 38%, «compensa» de alguna manera el fuerte descenso en el número de escolares que pagan un 25% o la mitad del precio oficial, en lo que se ha percibido en Educación como una especie de «trasvase» de usuarios. De esta forma, en el recuento total de todas las categorías de becados, la variación en los dos últimos cursos es de poco más de medio centenar, a pesar de que los perceptores de las ayudas del 75% han caído un 40% y los de las del 50%, casi otro 30.

La reducción en el número de comensales que utilizan el servicio de comedor sin bonificación responde en su gran mayoría a un perfil de familias que no llegan por renta al nivel de ingresos exigidos para acceder a una beca y optan por que los niños coman en sus domicilios, «muchas veces en casa de los abuelos», apunta el director general de Política Educativa Escolar, Fernando Sánchez Pascuala, quien no esconde los efectos del paro sobre la utilización de este servicio básico.

«Precisamente por ser una cuestión fundamental es prácticamente la única línea de ayudas que continúa funcionando sin límite presupuestario en la Consejería», explica, subrayando que todos aquellos alumnos que cumplen los requisitos fijados acceden a la subvención, en contraposición con lo que ocurre, por ejemplo, en las becas de los libros de texto. La principal consecuencia de esta «reconversión» de comensales a la exención total del pago es el incremento considerable de la partida presupuestaria que Educación reserva anualmente.

En los dos últimos cursos, el coste del comedor escolar para las arcas regionales se ha «disparado» en torno al millón de euros, desde los 12,8 millones en 2011-2012 a los 13,9 de 2013-2014. Por provincias, León recibe la mayor cuantía, con algo más de tres millones de euros, mientras que, en el otro extremo, Soria requiere sólo algo más de 440.000 euros.

Los recortes aplicados en cada rincón del presupuesto educativo no llegan ni llegarán a los comedores. «Las cosas del comer son palabras mayores», garantiza Sánchez Pascuala, quien insiste en el trato preferente de un servicio considerado esencial para el conjunto de la comunidad educativa y complementario en el caso de los menores que necesitan ser transportados para su escolarización, y a los que de forma automática se les que concede la comida gratis sin la consideración de ayuda ni el límite de requisitos de renta.

Los precios de los menús se mueven en una horquilla estable de entre cuatro y cinco euros que varía entre las provincias, fundamentalmente por las diferencias que marcan los convenios laborales en el sector, y que busca garantizar el suelo de beneficio de las empresas que optan al concurso público de los comedores. El director general de Política Educativa Escolar aclara que desde la Consejería «se arquean las cuentas para dar esa cobertura mínima» empresarial y que los impagos se cubren con presupuesto público para que no afecten a los ingresos de las adjudicatarias.

¿Previsiones? ¿Tendencia? Sánchez Pascuala no cuenta con referencias históricas que le sirvan para hacer análisis prospectivos y prefiere no aventurar acontecimientos. «Esta situación no se había dado antes», reconoce antes de confiar el cambio de situación «a la evolución del desarrollo económico» y condicionar al descenso del paro el volumen de niños necesitados de becas. Precisamente para ajustar de la forma más real posible la bonificación del comedor a las circunstancias económicas de las familias, el periodo formal de declaración para solicitar las ayudas está en actualización constante durante todo el curso, de manera que un nuevo parado puede comunicar su condición para que se reconsidere su caso.

En Castilla y León, nadie se ha dirigido a la Consejería para pedir alternativas «más económicas» a los comedores, como sí ha sucedido en otras comunidades, donde la opción de los «tupperware» estuvo sobre la mesa. Las exigencias higiénicas y sanitarias son tantas en una región tan extensa -con más de 500 comedores distribuidos por todo el territorio, «en el quinto pino»- que ni siquiera es posible trabajar con líneas de comida caliente.

El modelo de trabajo actual sólo permite utilizar líneas frías de alimentos que después de «regeneran» en los centros con una maquinaria específica y cara. «Habría que estudiar caso por caso ese supuesto, porque la comida traída de casa necesitaría una conservación mínima y una infraestructura», plantea Sánchez Pascuala, distanciándose de experiencias europeas en las que los niños comen un sandwich. «Con las lentejas es distinto».