El Senado aprueba el suplicatorio para investigar a la socialista Elena Diego

Diego está acusada de haber colocado 'a dedo' en el año 2008 a dos monitoras de tiempo libre que fueron contratadas por el Consistorio de Villamayor sin haber superado la correspondiente convocatoria pública de empleo. El delito de prevaricación administrativa está penado con la inhabilitación para empleo o cargo público de siete a 10 años. El pasado mes de febrero, la senadora declaró voluntariamente ante el Supremo y negó haber participado en el proceso de selección. Según dijo, poco después de la contratación el interventor municipal le comunicó que se había producido una irregularidad administrativa y entonces firmó el informe de reparación por el cual se modificó el contrato de una de las trabajadoras. La segunda monitora, según su versión, obtuvo el empleo tras renunciar dos aspirantes al puesto. Diego aseguró además que ninguna de las dos monitoras tenía vínculo personal o político con el Ayuntamiento.

Tras declarar ante el Supremo en febrero, Diego dijo estar tranquila por poder explicarse después de tres años en los que dijo haber sufrido una "persecución clara". De hecho, remarcó que la acusación popular la ejerce el presidente de la Plataforma Defensa de Villamayor, Luis Holgado , que ahora es teniente de alcalde del municipio en alianza con el PP. A finales de junio, el juzgado de instrucción número 1 de Salamanca aceptaba un recurso de la senadora contra Holgado por "presunta revelación de secretos en una causa judicial".