El Supremo investigará a la socialista Elena Diego por presunta prevaricación

El alto tribunal se ha declarado competente para juzgar la denuncia que fue presentada en 2010 contra la senadora por Salamanca y la concejala Cándida Egido, que formó parte de su equipo de gobierno cuando era alcaldesa de Villamayor, tal y como denunció entonces ABC . La recién nombrada delegada Federal para la dinamización de las Organizaciones Sectoriales del PSOE se enfrenta en este proceso a una pena de inahabilitación de su cargo público por un periodo de entre siete y diez años si se consideraran probados los hechos de los que se le acusa.

En agosto de 2008 una convocatoria de empleo público ofertaba plazas de monitor de tiempo libre en el muncipio salmantino que la senadora regía y que se resolvería en función a un concurso de méritos. El tribunal calificador propuso a nueve personas. Sin embargo, la relación que se aprobó posteriormente incluía a otras dos más.

Una de ellas «ni siquiera había participado en el concurso de méritos» -tal y como fue denunciado por el interventor- , y otra, que sí lo había hecho, no estaba entre los primeros puestos. Se argumentó que los aspirantes con mejor puntuación que ella habían renunciado, si bien ellos lo negaron. La situación finalizó con un Decreto de la entonces alcaldesa a favor de la contratación de ambas, de acuerdo con la exposición de los hechos remitida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Salamanca al Tribunal Supremo.