Claves para entender el nuevo mapa de Castilla y León

Dos son las patas fundamentales en las que se sustenta esa Castilla y León del futuro: las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio (las áreas formadas por varios municipios en las que se dividirá el territorio para la prestación de los servicios básicos por parte de la Junta) y las mancomunidades de interés general (surgidas de la unión voluntaria de municipios para la prestación conjunta de servicios). Junto a ellas, las áreas funcionales, que pueden ser iguales o mayores que una unidad básica de ordenación.

1) Unidades de ordenación:Base para los servicios

Su diseño es parte de ese camino que queda por recorrer, cuyos trabajos comenzarán «de forma inmediata», pero «sin prisa», al igual que la definición de la cartera de servicios común y homogénea de las mancomunidades, según avanzó el consejero. Un labor en la que De Santiago-Juárez reclamó «generosidad» a «todas» las partes, ya que un proceso de «tal complejidad y magnitud» y que constituye un «auténtico reto» requiere «sensibilidad, valentía y superar prejuicios y miedos».

Los primeros avances se deberán conocer antes de fin de año, pues la ley fija que, en el plazo de un mes de desde su entrada en vigor (a los 20 días de ser publicada en el Bocyl), las delegaciones territoriales de la Junta deberán elaborar un estudio de zonificación para elaborar el mapa de unidades básicas de ordenación. Ese estudio, en el plazo de otro mes, pasará a las diputaciones, que realizarán una propuesta inicial del plano y de los municipios que integran cada unidad. El mapa será sometido a información pública y audiencia de los municipios, aunque será la Consejería de la Presidencia quien formule la propuesta definitiva a remitir a las Cortes, donde el mapa deberá ser aprobado por ley dos tercios de la Cámara, lo que obligará a un nuevo entendimiento entre las principales fuerzas políticas. El texto deja la puerta abierta a que la propuesta definitiva del mapa pueda hacerse de forma parcial y sucesiva y da cabida a la participación de los agentes sociales y económicos.

Las unidades básicas de ordenación pueden ser urbanas o rurales. Las primeras las constituirán cada municipio de más de 20.000 habitantes, mientras que las rurales agruparán municipios iguales o menores a es población de una provincia con contigüidad espacial y características similares de modo que o su población total oscile entre los 5.000 y 30.000 ciudadanos o su densidad de población no supere los 15 habitantes por kilómetro cuadrado y agrupe como mínimo cinco ayuntamientos. La ley permite casos «excepcionales» de agrupaciones de municipios de varias provincias y formar unidades que no cumplan los requisitos, alegando razones geográficas singulares, históricas o económicas, entre otras.

Estas unidades serán la «base territorial» que utilizará la Junta para la planificación y gestión de sus servicios, aunque en ocasiones puede variar. Sanidad, servicios sociales, educación, salud pública, agricultura, ganadería, desarrollo rural, economía, empleo y equipamientos culturales componen el catálogo de servicios que la administración autonómica prestará atendiendo a la delimitación de esas unidades básicas de ordenación, especialmente en el ámbito rural. En este caso, aunque no se conoce aún cómo será ese mapa, las zonas básicas de salud son una pista de por dónde puede caminar, pues deben coincidir. En el caso de la educación obligatoria, cada zona educativa compondrá entre una y cinco unidades y en el de servicios sociales básicos, entre una y tres. Siempre teniendo en cuenta que se «garantice» la «igualdad» de los ciudadanos en el acceso.

2) Áreas funcionales: Para potenciar el desarrollo

En un piso superior a las unidades básicas de ordenación se colocan las áreas funcionales, cuya aprobación también será por ley y con el respaldo mínimo de dos tercios del Parlamento. Las habrá estables (integradas por las unidades básicas de ordenación urbanas y los municipios de su alfoz en un radio de 15 kilómetros) y estratégicas (integradas por una o varias unidades de ordenación contiguas para el impulso de programas de desarrollo en zonas e menor dinamismo económico o demográfico o afectadas por circunstancias extraordinarias. Tienen fecha de caducidad una vez alcanzados los objetivos).

3) Mancomunidades: Fomentar economías de escala

«Radicalmente municipalista», a la vez que «elimina duplicidades», la ley brinda las mancomunidades como «herramienta» para «generar economías de escala» que permitan cumplir con las exigencias de estabilidad presupuestaria. Surgirán de la agrupación voluntaria de municipios, no podrán asumir todas las competencias locale ni contar con personal eventual, de confianza o directivo y, en los cinco primeros años, no podrán generar más costes laborales a los ayuntamientos. Las habrá rurales y urbanas. Las primeras, agruparán municipios de menos de 20.000 habitantes y deberán coincidir «sustancialmente» con la unidad básica de ordenación, aunque puede abrirse a más siempre que haya continuidad geográfica y no supere las cinco. Un municipio no podrá pertenecer a más de una mancomunidad y la aprobación requerirá mayoría dentro de los municipios afectados. Por su parte, las urbanas agruparán a los municipios de más de 20.000 habitantes y los de su entorno . Y aunque se apuesta por la unión voluntaria, en el texto también fija que se fomentará mediante «ayudas técnicas y económicas» la fusión de municipios limítrofes.

4) Diputaciones: Colaboración y modernización

La colaboración interadministrativa y la búsqueda de la eficiencia rige el desarrollo de esta ley, en la que se marca que Junta y diputaciones pondrán en común sus trabajos en las Comisiones Provinciales de Colaboración de las políticas públicas en el territorio, en las que también deberán sentarse representantes de las entidades locales garantizando la pluralidad política, institucional y territorial. Micropolígonos industriales, promoción y difusión turística y de museos y teatros o políticas migratorias forman parte del catálogo de materias de colaboración de estas comisiones.

Además, se refuerza y «moderniza» el papel de las diputaciones, precisamente uno de los escollos para que IU diese su voto a favor de la ley. Las instituciones provinciales podrán, además, crear consorcios para la prestación de servicios de la mano de las mancomunidades

Otro de los principios rectores es evitar la duplicidad de competencias, de modo que los entes locales sólo podrán prestar las atribuidas. Cuando se transfieran o deleguen nuevas por parte de la Comunidad, deberán ir acompañadas de suficiente dinero.