Las Cortes dan el «primer paso» para diseñar el nuevo mapa de Castilla y León

Comenzará de forma “inmediata” con los trabajos de elaboración del mapa de unidades básicas de ordenación, nombre que adoptarán los espacios funcionales delimitados geográficamente que constituirán la referencia para el desarrollo de la ordenación, esto es, la zona en la que la Junta de Castilla y León prestará de una forma agrupada y coordinada los servicios. En la elaboración de ese mapa, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la ley (que lo hará a los 20 días de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León ) primero las delegaciones territoriales deberán formular sus propuesta, lo mismo que las diputaciones, para después someterlo a consulta de los municipios, aunque será la Junta quien lo defina por ley, que deberá ser ratificada por las Cortes con el respaldo de dos tercios de la Cámara, lo que garantiza y obliga al entendimiento de al menos las principales fuerzas políticas. Antes de fin de año, se deberán conocer las líneas de ese mapa.

La definición de las áreas funcionales y de la cartera de servicios comunes y homogénea que gestionarán las mancomunidades de interés general son los otros dos pasos “inmediatos” que se darán en un proceso que, como reconoció De Santiago-Juárez, constituye un “auténtico reto” que “requiere sensibilidad, valentía y superar prejuicios y miedos”.

Junto a las unidades básicas de ordenación , que las habrá rurales y urbanas, otro de los pilares de la ley son las mancomunidades surgidas de la unión voluntaria de municipios para la prestación conjunta de servicios buscando la eficiencia, pues la estabilidad presupuestaria es uno de argumentos en los que se sustenta el texto.

La ley garantiza y “moderniza” la labor de las diputaciones, fomenta la fusión de municipios a través de ayudas, “por primera vez” recoge la participación de las entidades locales en los ingresos de la Comunidad y fija que debe elaborarse un plan plurianual de convergencia interior cuando el PIB alcance al menos el 2% y “garantiza” los servicios que actualmente se prestan en el territorio, ya que impide que se supriman al menos hasta después de tres años de aprobarse el nuevo mapa de ordenación.

Desde el PSOE, su portavoz parlamentario, Óscar López , defendió el apoyo de su Grupo a la ley, que no sólo han respaldado, sino que se ha comprometido a “defender” dado los avances que supone como “el blindaje” de los servicios públicos en el territorio o la “garantía” de que el mapa de ordenación requerirá el consenso.

Sin embargo, los dos integrantes del Grupo Mixto, pese a reconocer los cambios “positivos” en el texto desde que entró en las Cortes, ha votado en contra.