El Supremo pide quitar la inmunidad a Diego para investigarla por prevaricación

Los hechos se remontan a 2008, cuando, según consta en la denuncia que presentó la «Plataforma Defensa de Villamayor», un decreto de la Alcaldía acordó dos contrataciones sin que éstas pasaran el filtro de un concurso de méritos que se había fijado previamente. De los dos fichajes, una de las empleadas no alcanzó los puestos seleccionados y la otra ni siquiera se presentó a la convocatoria. En 2010, el citado colectivo llevó a los Juzgados el caso, demandando a Diego y a la concejala Cándida Egido, que formó parte de su equipo de gobierno, pero no fue hasta 2013 cuando el Juzgado de Instrucción 3 de Salamanca se inhibió del proceso por ser la investigada una aforada. La causa llegó así en enero a manos del Supremo, tan sólo unos días después de que la senadora entrara en Ferraz de la mano de Óscar López y fuera nombrada delegada federal para la dinamización de las Organizaciones Sectoriales del PSOE.

Entonces, el Alto Tribunal ya reconoció que «los hechos podrían integrar, al menos indiciariamente» un delito y comenzó la instrucción. En febrero, Diego prestó declaración de forma voluntaria ante el Tribunal, evitando que fuera necesario solicitar también un suplicatorio para ello y negó los hechos. Además, tras la misma, explicó que confiaba en el archivo del procedimiento y señaló que la denuncia respondía a «una persecución clara» contra su persona.

Sin embargo, escuchadas las partes, desde la Sala de lo Penal se entiende que «hay materia» que podría ser constitutiva de un delito y se pretende ahora «profundizar» en la causa en la que Diego está señalada como presunta responsable. La autorización que se reclama a la Cámara -en un auto conocido ayer y fechado el 12 de julio- es el «requerimiento formal» necesario «para imputarla por un delito en un proceso penal», según explicaron fuentes judiciales.

Una vez que el presidente del Senado reciba la petición del Supremo de «autorización» para «dirigir un procedimiento penal contra» ella, se iniciará su trámite. El primer paso será su remisión a la Comisión de Suplicatorios, la cual analizará el expediente, dará audiencia a la salmantina para que exponga su caso y emitirá un dictamen que se incluirá en el orden del día del primer Pleno ordinario que se celebre tras esta decisión. La votación de la Cámara será secreta y su resultado se trasladará, finalmente, al Alto Tribunal.

El proceso marca de plazo 60 días naturales desde que se reciba la solicitud, pero coincidiendo con el periodo de sesiones parlamentarias. Por ello, los tiempos no comenzarán a corren hasta el mes de septiembre, cuando se reanude la actividad tras el parón estival. Si pasado el periodo que fija la normativa -finales de octubre- no ha habido pronunciamiento, la autorización se entenderá «denegada».

El último suplicatorio que se había solicitado al Senado fue para el parlamentario de Coalición Canaria Miguel Zerolo por un posible delito de prevaricación, cuya autorización ya ha sido concedida este mismo mes. La anterior petición que constaba en la Cámara Alta era la del ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Y en el Congreso de los Diputados, que gozan de la misma figura de protección, el precedente lo marca el ex ministro de Fomento y diputado socialista, José Blanco. El Supremo remitió su petición para juzgarle por tráfico de influencias, si bien ha archivado la causa.