Se organizan los miles de afectados por la normativa turística en San Bartolomé de Tirajana

Los intentos del alcalde del municipio, Marco Aurelio Pérez , por calmar los ánimos de los residentes se han estampado con la feroz y arraigada desconfianza de centenares de pequeños propietarios y responsables de comunidades de inmuebles turísticos que consideran que se les va a impedir continuar alquilando sus apartamentos, villas o bungalós o, sencillamente, disfrutando de sus segundas residencias como hasta ahora en las zonas que la nueva normativa declare de uso exclusivamente turístico.

Curiosamente, se trata del segundo cambio normativo liderado por el extitular del Gobierno nacionalista en materia turística, que tenía atribuidas las competencias directas de la locomotora económica de las Islas, que afecta negativa y ampliamente al sector turístico de Gran Canaria, ya sea a los grandes hoteleros, como en el primer caso, cuando la citada Ley impidió construir complejos de cuatro estrellas en la isla, luego modificado; o, como en este caso, toque a los pequeños propietarios. Dos normativas alumbradas con el beneplácito del PSOE del entonces vicepresidente José Miguel Pérez y que, para hacerse una idea del nuevo órdago involucra a unos 17.000 residentes en dichas áreas turísticas. Sin embargo, aquel ejecutivo no tuvo la última palabra, aunque la «papa caliente» siguió rodando hasta el tejado del siguiente pacto CC-PSOE.

Armados de argumentos —y de al menos un bufete de abogados— los propietarios han anunciado decenas de alegaciones al plan urbanístico supletorio. Se redactarán de manera independiente y conjunta para presentarlas ante el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento. Así lo acordaron en una reunión celebrada este sábado en un conocido hotel del sur de Gran Canaria, que se prolongó durante más de cinco horas. Los propietarios de apartamentos y bungalós convocados, no todos, llamaron «a la unidad» y establecieron diversas estrategias para redactar sus alegaciones con una letrado especialista.

Aclararon que, a pesar de «los mensajes tranquilizantes» de los representantes políticos, han constatado que el decreto turístico llama en varios de sus artículos a «la expropiación de sus inmuebles». Las comunidades de propropietarios insistieron en «el riesgo» que tienen los dueños de los inmuebles de perder el uso como residencia vacacional o en régimen de alquiler , y también les advirtieron de «la obligación de ceder sus propiedades a un tercero, si no cumplen con la conservación exigida», según informó Efe.

El Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Gesplan, ha redactado una Ley «desde el despacho, sin saber la realidad de la situación y sin sentarse a negociar con los propietarios de viviendas en la zona turística». Por ello, rechazan ceder el uso de sus inmuebles «ante explotadoras y operadores turísticos» que años atrás, cuando comenzaron a surgir los hoteles novedosos e implantarse el régimen de todo incluido, abandonaron unos apartamentos «enterrados en deudas», recordaron.

«Fue entonces cuando nosotros los propietarios adquirimos estos inmuebles que habían quedado obsoletos y reactivamos el sur turístico, y ahora nos quieren echar», lamentaron los afectados. Con todo, muestran predisposición a seguir pautas para que estos complejos se sometan a las reformas necesarias para cumplir con la renovación turística. También acatarán las normas para acabar con la explotación ilegal de viviendas. No obstante, la búsqueda de alternativas pasa por el Gobierno de Canarias y el resto de administraciones, explicaron. El propósito no es otros que encontrar «una solución en la convivencia entre el uso residencial y turístico con las que estamos dispuestos a negociar», zanjaron.

De momento, la iniciativa abierta por un particular en «change.org» suma más de 4.000 adhesiones y allí se queja de que «las instituciones no han tenido en cuenta que la renovación turística de estas zonas puede llevarse a cabo sin vulnerar el libre derecho a residencia del artículo 19 de la Constitución española». A lo que añade, «por si esto fuera poco, la propia Constitución establece en el artículo 33 el derecho a la propiedad privada y a la herencia indicando que las delimitaciones a este principio sólo podrán establecerse por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes». Una excepción incluida en la Ley publicada en el BOC el pasado 25 de mayo.