Más de 800 expropiados aguardan a que el Ejecutivo canario les pague

Son exactamente 811 las personas, incluidas personas jurídicas, que están en espera de que el Gobierno autonómico les abone las cantidades que, como expropiadas, tienen derecho a cobrar. Personas y entidades a las que en su día se quitó determinadas propiedades para poder llevar a cabo obras de carreteras y que no han recibido aún la pertinente compensación económica. De esos 811 casos, y siempre con arreglo a la susodicha información oficial, 663 están relacionados con expedientes sobre obras de construcción o de remodelación de carreteras de la provincia oriental . En concreto, 440 son los afectados en Gran Canaria; 175, en Lanzarote; y 48, en Fuerteventura. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife son «solo» 148 los casos: 119 personas aguardan a que se les pague en Tenerife; 28, en La Palma; y una aguarda en La Gomera. En El Hierro no hay casos.

En cuanto al importe de la deuda, esta es, exactamente, de 45,8 millones de euros, de los cuales la mayor parte también tiene su origen en obras en la demarcación de Las Palmas . Son prácticamente 40,5 millones los que el Ejecutivo que preside Paulino Rivero debe a expropietarios de suelos de esta provincia: 3,7 millones de euros debe a expropiados de Lanzarote; seis millones, a expropiados de Fuerteventura; y cerca de 30,8 millones, a afectados de Gran Canaria. Con respecto a la demarcación occidental, la suma de dinero que el Gobierno de la región adeuda es mucho menor, poco más de 5,3 millones de euros. De esta cantidad, Obras Públicas tiene que pagar 14.438 euros a un perjudicado por los trabajos de la travesía de Hermigua, en La Gomera. Además, ha de abonar casi 859.000 euros por tres obras en caminos de la isla de La Palma y algo más de 4,47 millones por carreteras de Tenerife.

Entre las obras por las que el ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Socialista Canario aún adeuda cantidades a las personas a que expropió destaca sobremanera la de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, que supone un débito de alrededor de 23 millones de euros. Por la fase dos debe poco menos de 1,4 millones y por la tres, aproximadamente 1,7. El resto, 20 millones de euros, es la cuantía que tiene que pagar a los expropietarios del suelo en que ejecutar los trabajos de la fase cuatro, que no concluirán hasta 2017.