El Gobierno ultima el recurso ante el Constitucional para frenar la consulta canaria sobre las prospecciones

La primera de ellas será la presentación de un recurso por conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC), no sin antes elevar una consulta por la vía urgente al Consejo de Estado y llevar el acuerdo de impugnación al Consejo de Ministros.

Para presentar el recurso ante el Alto Tribunal se precisa de un informe del Consejo de Estado, que estima puede estar redactado en unos 15 días al tratarse de una consulta urgente. Sin embargo, dada la fecha de la convocatoria, el 23 de noviembre, se baraja acortar este plazo. El recurso solicitará la suspensión de los dos decretos autonómicos y, en caso de que el Constitucional lo admita, la suspensión será automática.

Así las cosas, la consulta popular anunciada por el presidente canario, Paulino Rivero, en febrero pasado podría quedar desactivada prácticamente este mismo mes. También podría suceder lo contrario, porque los que se oponen a los sondeos, Gobierno canario, Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y colectivos ecologistas, esencialmente, aseguran que la pregunta está milimétricamente calculada para que el Constitucional no encuentre resquicio alguno que justifique su invalidación.

En los trámites previos a la inminente presentación del recurso no ha pasado desapercibido que hasta ahora se pensaba que la pregunta era "¿está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas?". Cuestión directa que se ha sustituido por "¿cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?".

Por ello, el Gobierno español ya ha recabado en el Parlamento autonómico la documentación pertinente relacionada con el recorrido de la consulta y aquella primera pregunta en la Cámara . Por otra parte, según ha podido saber ABC, el Ejecutivo barajó la posibilidad de que las respuestas de los residentes en las dos islas más cercanas a la áreas de perforación, Lanzarote y Fuerteventura, valiesen más desde el punto de visto númerico que las de los censados de las demás islas con derecho a opinar, idea que finalmente quedó aparcada.