El gobierno canario baraja un nuevo impuesto para financiar la consulta antipetrolera

Con ese hipotético cambio, se podría celebrar la consulta conjuntamente con las elecciones europeas previstas para el 25 de mayo, ya que se dejaría de lado el requisito de la ley orgánica que ordena que estos referendos no se convoquen entre los 90 días anteriores y los 90 posteriores a citas electorales.

De esa manera, se iría «en la línea de la política de bandera del Partido Popular, que es la austeridad», afirmó, en alusión a que se podría ahorrar el coste de la organización. «Hemos calculado sobre medio millón de euros» el coste del referendo, dijo, pero lo justificó: «¿Vamos a hipotecar nuestro futuro por no gastarnos medio millón? Ya se buscarán los créditos extraordinarios para sufragar ese gasto».

Ya puesto a especular con una nueva modificación fiscal ad hoc, Ríos ahondó en la explicación de las intenciones del gobierno canario: «Pero si hiciéramos otro referéndum donde se pregunte si el referéndum [de las prospecciones] se puede sufragar con un pequeño impuesto que pusiésemos a cualquier cosa, la gente diría que sí».

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