El Supremo acaba la instrucción contra el nacionalista Miguel Zerolo

En un auto, el instructor del alto tribunal sostiene que el político «en ningún momento» siguió el procedimiento legal exigible para la aprobación de unas obras municipales, pese a su entidad y elevado coste, y no convocó concurso para su adjudicación y contratación. «El querellado era plenamente consciente de la ilegalidad de su proceder, que le era reiteradamente expuesta por los funcionarios de la Intervención», expone el magistrado, para poner de relieve que el querellado acudió a informes contradictorios para «alzar los reparos» formulados por la Intervención. El magistrado instructor concluye que tal conducta no puede excluirse de «cierta tacha» o antijuricidad y, por ello, cabe considerar que incurre en posible prevaricación .

«No solamente porque abordar unas obras de tal naturaleza sin proyecto o partida presupuestaria, y el encargo a una empresa soslayando los más elementales cánones democráticos de prevención frente a la corrupción, concurra o no ésta, ya es obviamente contraria a toda lectura del ordenamiento administrativo», explica. Añade que abordó las obras pese a las reiteradas advertencias de los órganos encargados de evitar «lamentables fenómenos de corrupción», como la Intervención de fondos. A su juicio, la contraposición de informes de encargo no puede desvirtuar a los profesionales de un órgano independiente de los avatares de la política.

Varela remarca que las personas que podrían ser acusadas son Miguel Zerolo , Guillermo Núñez y Joaquín Castro por su participación en el caso «García Cabrera». El Senado ya concedió el pasado julio el suplicatorio. «Confío plenamente en la Justicia y en mi inocencia. Lo que quiero es que cuanto antes se dé el suplicatorio, para cuanto antes poder demostrar que no he tomado ninguna decisión injusta a sabiendas», aseguró Zerolo minutos antes de comparecer ante los miembros de la Comisión de Suplicatorios.

Los hechos se remontan al año 2003, cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vio la necesidad de realizar obras de acondicionamiento en el edificio de oficinas municipales que tenía en la calle General Antequera, y para permitir estos trabajos se decidió habilitar como sede provisional de estas oficinas la antigua sede del Instituto de Enseñanza Secundaria Hermanos García Cabrera, en el barrio de Ofra.

Según los hechos recogidos por el instructor Varela, el entonces regidor decidió solventar los «múltiples reparos» formulados en torno a la adjudicación, ejecución y abono de los trabajos llevados a cabo por la empresa IMES (más tarde denominada IMESAPI S.A.) en el edificio sede del Instituto para su acondicionamiento como ubicación de las oficinas municipales.

La empresa desempeñó las obras de mantenimiento, aunque las ejecutadas sobrepasaron «de manera inequívoca» tal concepto. Cuando presentó facturas para el cobro de las obras que iba ejecutando, la Intervención de Fondos municipal formuló sendos reparos. A pesar de la entidad y el elevado coste de las obras, en ningún momento se siguió el procedimiento legalmente exigible para su aprobación ni se convocó concurso para su adjudicación y contratación. De este modo, no se elaboró un proyecto por el servicio competente.

Cuando la Intervención emitió sus primeros reparos ante la falta de los requisitos esenciales, el querellado, tras un informe propuesta del entonces director general de Coordinación, Participación Ciudadana y Servicios Desconcentrados, Joaquín Castro, resolvió la discrepancia por decreto y acabó suscribiendo el contrato administrativo con la empresa. También alzó los reparos de la Intervención en torno a los abonos de las facturas y las pretensiones de modificación contractual.

Según el juez, el querellado era «plenamente consciente» de la ilegalidad de su proceder, que le era reiteradamente expuesta por los funcionarios de la Intervención. «Dicha ilegalidad era nítidamente perceptible por quien se encontrase mínimamente habituado con la actuación administrativa municipal en tal área. Más por quien fuera Alcalde muchos años e incluso si tuviera la condición de licenciado en Derecho», recoge.

Los informes producidos para generar una «artificial discrepancia» se producían por quien ostentaba un cargo de confianza, en cuanto Director General que aceptó su confección y suscripción a pesar de la ilegalidad de la actuación que los Reparos de la Intervención debían suspender, concluye.

En su querella, el Ministerio Fiscal relataba que el consistorio acordó rehabilitar el instituto para dejarlo en disposición de acoger los servicios municipales sin tramitar el correspondiente expediente de contrato de obras, soslayando los principios de publicidad, libre concurrencia y economía, y sin seguir el procedimiento establecido para este tipo de contratos. Añadía que los reparos formulados por la Intervención de Fondos del Ayuntamiento obligaban a suspender la tramitación del expediente hasta que el alcalde los solventase o resolviera la discrepancia.