las palmas de gran canaria
Emalsa pedirá en los tribunales la nulidad del contrato de alquiler de sus oficinas
Los socios privados de la compañía de aguas solicitan la revisión al alza de los precios de depuración y saneamiento
m. ramos
Después de meses de infructuosas negociaciones con el arrendador, el Consejo de Administración de la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria (Emalsa) acordó ayer con la abstención de uno de los socios, Valoriza-Sacyr, denunciar en los tribunales el contrato de ... alquiler de las oficinas de la compañía por cláusulas que consideran «abusivas» , con el objetivo de que se declare su nulidad.
Tanto la rebaja del 20% en la renta como la oferta de venta de las oficinas a Emalsa por 11 millones de euros planteadas por Satocan, propietario de las tres plantas alquiladas y cuyo presidente es miembro del Consejo en representación de Valoriza, fueron rechazadas, explicó ayer el alcalde de la capital Juan José Cardona tras la reunión, al considerarlas «insuficientes» .
Desde Valoriza quisieron puntualizar que la abstención de sus representantes se debió a su deseo de querer «asegurarse previamente de que los riesgos de no tener que pagar la indemnización millonari a que recoge el contrato no son tales, como apunta el Ayuntamiento». En todo caso, añaden, en 15 días «Valoriza se manifestará más concretamente sobre este asunto», puesto que está la prevista la celebración de un consejo.
El consistorio pide un informe que avale la subida
Por otra parte, los socios privados (Saur y Sacyr-Valoriza) elevaron al Consejo la revisión al alza del precio de los contratos de depuración (5,2 millones al año) y de saneamiento (4,8 millones), una medida con la que pretenden cumplir el «equilibrio financiero», según la petición cursada en la misma reunión.
En ese sentido, el regidor municipal dejó claro que «no se puede pedir el pronunciamiento del Consejo» hasta analizar el contenido de la propuesta. Los socios privados argumentaron que dicha revisión al alza está asociada al incremento del caudal de agua depurada y de los kilómetros de red de saneamiento objeto de mantenimiento y, por tanto, ha habido un aumento de costes cuando aún se rigen por el contrato de 1998. Ante la novedosa iniciativa, los representantes municipales pidieron un informe justificativo que avale la solicitud y su remisión al consistorio.
Igualmente, desde la corporación local se puso sobre la mesa la creación de un comité de seguimiento del proceso penal que se encargaría de informar al Consejo de su evolución, de «defender a Emalsa, no a los socios ni al Ayuntamiento», remarcó Cardona, por lo que estaría compuesto por cuatro personas no involucradas en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas a raíz de la denuncia de la Fiscalía. Los socios privados aplazaron su toma de posición al respecto, hubo empate de votos, aunque su primer paso ya está dibujado: la personación de Emalsa en la denuncia , como lo ha hecho el propio Ayuntamiento.
Dilucidar cuándo deben abstenerse en el Consejo los miembros señalados por la Fiscalía
Asimismo, el alcalde anunció que va a encargar un informe para «conocer en qué momento los miembros del Consejo de Administración afectados por la denuncia deberían abstenerse en la toma de acuerdos» relacionados con ella, aseguró Cardona. De hecho, los consejeros involucrados lanzaron un mensaje de tranquilidad respecto a los hechos denunciados por la Fiscalía y expresaron su máxima colaboración en su esclarecimiento.
Igualmente, en la reunión se aprobó la elaboración de un código ético de buenas prácticas vinculadas a las nuevas normas de contratación recomendadas por la auditoría de Auren a Emalsa, a falta de dilucidar si la compañía es un «poder adjudicador» o no. Se acordó encargar un informe jurídico y elevar la consulta al Consejo Consultivo . Los socios privados solicitaron, además, la convocatoria de una Junta General de Accionistas para renovar a sus miembros .
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