POLÍTICA

El PP insta a dimitir al director general de la RTVC

Polémica tras el informe de la Audiencia de Cuentas que revela el descontrol en el gasto de la Televisión Canaria

El PP insta a dimitir al director general de la RTVC ABC

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La portavoz del grupo parlamentario popular en la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria, Águeda Montelongo , manifestó este viernes que al director general del ente, Guillermo García , «la única opción honrosa que le queda es dimitir, a la vista de todos ... los incumplimientos legales detectados por la Audiencia de Cuentas en su gestión entre los años 2007 y 2011, que afectan a 264 millones de euros».

Para la diputada del PP, el máximo órgano fiscalizador de la comunidad autónoma «demuestra el total desprecio de Guillermo García a la ley, y que se las ha ingeniado durante cuatro años para gastar dinero público a su antojo, sin someterse a un solo procedimiento de control que vigilase que las personas con las que contrataba fueran las idóneas». Los contratos que RTVC remitió a la Audiencia de Cuentas estaban incompletos, y hasta carecían de documentación justificativa que acreditara la idoneidad o la capacidad de las empresas con las que se contrataba, incumpliendo, por tanto, el artículo 5 de la Ley de la Hacienda Pública Canaria, que exige respeto a los principios de eficacia, eficiencia y transparencia, expuso el PP. El informe, de hecho, llega a hablar de «riesgos de carácter legal» , y deja determinadas decisiones en manos del Tribunal de Cuentas, «por cuanto pudieran conllevar responsabilidad contable» , dada la ausencia de documentación justificativa en las fases de preparación y adjudicación del procedimiento utilizado y de sujeción a los principios de publicidad y concurrencia.

«Es de chiste que, en sus alegaciones, García argumente que está en vigor el plan de viabilidad de RTVC , aprobado en 2012, cuando la contratación irregular se produjo entre 2007 y 2011», agregó la diputada del PP. «Es más (prosiguió), llega a escudarse en la escasez de la plantilla para intentar eludir la obligación de controlar la contratación». Montelongo juzga «de vergüenza que la Audiencia de Cuentas tenga que recordar a un cargo público que es necesario que la documentación se archive en un único sitio».

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