Las defensas piden la anulación del «caso Eólico»

El caso se inició a raíz de una denuncia policial que presentó en 2005 el empresario Alberto Santana por presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso eólico convocado en 2004 por la comunidad autónoma canaria siendo consejero de Industria Luis Soria (PP).

El principal imputado se enfrenta a una pena de siete años de prisión por un supuesto delito de violación de secretos y otro continuado de cohecho, al favorecer la concesión del concurso a varios empresarios a cambio de diversas cantidades de dinero.

Asimismo, el ex cargo público del Gobierno canario se enfrenta a un presunto delito continuado de malversación cometido por comprar libros con dinero público.

Los otros cinco imputados son su novia, Mónica Quintana, que se enfrenta a tres años y medio de prisión por malversación y cohecho; el funcionario Honorato López, para quien piden una pena de dos años de cárcel por cohecho; y los empresarios Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel, que se exponen a año y medio de cárcel por delitos de cohecho, informó Efe.

Según del Río, las irregularidades advertidas por las defensas y esgrimidas en sus escritos presentados al magistrado presidente del Jurado, Ignacio Marrero Francés, han sido debidamente rechazadas en distintas resoluciones de la Audiencia de Las Palmas y por distintos ponentes.

El fiscal ha manifestado que lo que sí afecta al estado de derecho es que un delito «grave» como el que se pretende juzgar, que afecta al interés general, «quede impune», tras escuchar las alegaciones de las defensas, que incluso han señalado que se ha vulnerado de manera «flagrante» el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos

El letrado de Briganty, Álvaro Campanario, ha señalado que se ha vulnerado el derecho a un juicio justo, a un tribunal imparcial e independiente en este caso, cuyo juez instructor fue elegido «a dedo por quienes montaron la denuncia» de esta operación que además fue dirigida «por el Estado».

Hawach en sus alegaciones también ha expuesto que no ha podido ejercer el derecho a la defensa de Perdomo porque no le fueron entregadas las actuaciones por el juez de instrucción, Miguel Ángel Parramón, y que una de las pruebas la tuvo que solicitar hasta en diez ocasiones para lograrla.

Se trata, según ha explicado, del CD que entregó Santana con los correos electrónicos que se intercambiaron Perdomo y el empresario Wilebaldo Luis Yanes, y que dio origen al resto de actuaciones que se practicaron y que además, según Hawach, el denunciante lo obtuvo de forma ilícita. Asimismo, ha afirmado que se vulneró también el derecho a conocer los hechos que se le imputaban a Perdomo y que no se dictó el auto para su detención por parte del instructor.

El letrado de la comunidad ha coincidido con el fiscal y ha dicho que todas las vulneraciones expuestas han sido rechazadas ya por la Audiencia Provincial, en la vista que se ha celebrado, tras no hallar el magistrado presidente del tribunal motivos para su suspensión como solicitaron las defensas