Rivero anuncia expropiaciones, pero Visocan ha ejecutado medio centenar de desahucios

Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) , las dos fuerzas políticas que sustentan el Ejecutivo de las Islas, recibieron la medida con entusiasmo; en cambio, el Partido Popular ( PP ) se mostró tajante: «Es una ocurrencia» .

Desahucios bajo su control

Sin embargo y pese a este anuncio, el Gobierno de Canarias desahucia. Ante un indeseado impago de alquileres por parte de inquilinos de viviendas de promoción pública (VPO), activa un procedimiento con el que, al menos desde 2008 y hasta el pasado año, ha presentado más de medio millar de demandas y ejecutado casi 50 lanzamientos.

Así lo acreditan los datos facilitados por el Ejecutivo regional. La empresa pública dependiente del Gobierno canario Visocan presentó entre el 1 enero de 2008 y hasta el primer semestre del 2012, un total de 565 demandas de desahucio , de las cuales, 327 correspondieron a residentes en Gran Canaria; y 238, en Tenerife.

En el mismo periodo, ejecutó 42 lanzamientos o desahucios de sus ocupantes: 17 de ellos afectaron a ciudadanos grancanarios y 25 a tinerfeños, según cifró en una respuesta parlamentaria de noviembre de 2012 a una pregunta del diputado popular Felipe Afonso El Jaber la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda que encabeza Inés Rojas.

El «operativo» de Visocan (Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U.) se moviliza cuando el arrendatario adeuda seis meses de renta . Se le remite «un escrito donde se le requiere para el pago y se le advierte del «inicio de acciones legales, para el caso de que el requerimiento no fuese atendido» .

De igual forma, se le reitera la «disposición» del Ejecutivo para «solucionar el asunto de forma amistosa», según explica el mismo departamento en otra respuesta , a la pregunta formulada en febrero por el diputado del Grupo Parlamentario Mixto Román Rodríguez .

Si se llega a un acuerdo de pago, prosigue, «se está a expensas de su cumplimiento», pero si no, o «da la callada por respuesta», Visocan, transcurrido un mes, interpone un acto de conciliación. Dicho acto también se presenta si el arrendatario de la vivienda incumple de forma reiterada el pacto de pago previo , precisa Vivienda ( consulte aquí el documento oficial ).

Cuando la conciliación no funciona, con 12 mensualidades de renta adeudadas y con «independencia del importe total» acumulado, se interpone «una demanda de desahucio por falta de pago», asevera.

«Durante la tramitación del juicio verbal de desahucio se intentan establecer nuevos acuerdos de pago, adaptándolos a las circunstancias económicas del demandado», recalca el Ejecutivo. Agotadas las vías de negociación, y para el supuesto de incumplimientos reincidentes y de que el afectado adeude «un elevado número de mensualidades de renta», se insta a la ejecución de la sentencia, donde se solicita el lanzamiento de los ocupantes del inmueble».

Vivienda garantiza que «al demandado, en todo momento, se le ofrece la posibilidad de suspender el lanzamiento, previo abono de la mayor parte de la totalidad de lo adeudado».

Niegan los desahucios

A pesar de la respuesta facilitada hace apenas dos meses al diputado Román Rodríguez, fuentes del Gobierno de Canarias han asegurado este miércoles a ABC que desde agosto de 2012, fecha en la que el Ejecutivo aprobó un decreto a tal fin, no se desahucia «por motivos económicos» , sino en caso de viviendas vacías o cuando se detecte mal uso del inmueble, subrayaron.

Rivero copia al pacto PSOE-IU

Rivero confirmó el martes en la Cámara que seguirá los pasos de su homólogo andaluz, José Antonio Griñán (PSOE en pacto con IU), para intentar frenar los desahucios. El plan del exalcalde sauzalero, que se plasmará en un proyecto de modificación de la ley de vivienda , posibilitará la expropiación de las casas cuyos inquilinos vayan a ser desalojados y estén en situación precaria.

La expropiación tendrá una vigencia de tres años y la entidad propietaria ingresará, en compensación, un justiprecio. Un justiprecio que fijará un tribunal y que sufragarán las arcas públicas y las familias beneficiarias, si bien estas solo hasta el límite del 25% de su renta.

Además, y previa constitución de un registro, se promoverá el alquiler de inmuebles deshabitados («con todas las garantías jurídicas», subrayó) bajo amenaza de sanciones si, pese a ello, las empresas, bancos o inmobiliarias, se niegan. Precisamente servirá la recaudación de estas multas para costear, cuando menos en parte, las indemnizaciones por los procesos expropiatorios. Hay que puntualizar que todo esto solo afectará a «personas jurídicas» propietarias, no a particulares.

El presidente del Gobierno del Archipiélago calificó de «solvente» y «constitucional» el decreto andaluz sobre la base del cual ha elaborado su propuesta y rechazó de plano las críticas del PP . Rivero calculó en 9.400 los expedientes de desalojo que hay actualmente en trámite en la comunidad autónoma y reconoció que el año pasado se ejecutaron otros 4.100. «Parece que solo piensan en defender a los bancos y a Repsol [sacó a colación, pues, el asunto del petróleo] y no a los que menos tienen», dijo a los populares.