Industria autoriza la campaña de muestreo del fondo marino en el área de los sondeos

En una Resolución del 27 de marzo, se detalla el proceso que ha precedido la concesión del permiso para acometer el estudio y en qué consistirán los trabajos. Según la planificación prevista, el análisis se ejecutará a través de seis estaciones de muestreo representativas del área en la que, en una fase posterior, se pretenden llevar a cabo las prospecciones, ocupando una superficie marina aproximada de 64 kilómetros cuadrados por cada una de las citadas estaciones.

Se tomarán 20 muestras de sedimento y seis de agua en cada una de las estaciones, contando con que las profundidades de la lámina de agua oscilan entre los 800 metros y 1.500 metros. Los resultados del Estudio del Fondo Marino se incorporarán al correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (EIA), todavía en proceso de elaboración.

De hecho, a la campaña de muestreo marina ahora autorizada ya se refirió sucintamente el denominado «Documento Inicial Proyecto Sondeos Exploratorios Marinos en Canarias» que, como se recordará, elaboró y culminó en febrero la consultora Alenta Medio Ambiente, en colaboración con el Centro de Biodiversidad y Gestión Ambiental de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc).

Aquel documento inicial contiene las claves medioambientales, a modo de esquema, que deberá abordar el futuro Estudio de Impacto Ambiental (EIA) preceptivo, en este caso, para que el Ministerio de Medio Ambiente emita la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en sentido positivo o negativo.

Con respecto a los antecedentes de la resolución, apunta que, como operadora de los permisos, el 17 de octubre de 2012 Repsol solicitó a la citada Dirección General de Política Energética y Minas la autorización para realizar un Estudio del Fondo Marino dentro del área donde estás previstos los sondeos. El objetivo es definir la condición físico-química y biológica del fondo marino, además de determinar los niveles de referencia del área con carácter previo al inicio de la perforación exploratoria.

En lenguaje técnico se trata de «una campaña ambiental para establecer la línea de base de los parámetros fisicoquímicos y biológicos de la columna de agua y sedimentos, además de inspecciones visuales, una campaña de estudios geofísicos y, opcionalmente, el despliegue de correntímetros y dispositivos de monitorización acústica pasiva».

Siguiendo la cronología expuesta, el 25 de febrero de este año se remitió la documentación del Estudio del Fondo Marino a los departamentos competentes de los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Fomento a fin de que formularan observaciones al expediente, con resultado positivo, al haber «acomodado convenientemente» sus observaciones.

Tras superar el trámite, la Dirección General autoriza su ejecución supeditado al cumplimiento de una serie de requisitos, como que Repsol deberá comunicar a la propia Dirección General y también a la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas las fechas de inicio de las actividades autorizadas.

En su punto séptimo, Política Energética y Minas exige a la compañía que acredite con anterioridad al comienzo de la campaña que ha constituido un seguro de responsabilidad civil por una cuantía no menor a 3 millones de euros para hacer frente a «eventuales daños a personas o bienes en el desarrollo» del estudio.

Igualmente, con una frecuencia semanal, también deberá remitir a la Subdelegación información «del día a día» sobre el avance de los trabajos e informará inmediatamente sobre «cualquier incidencia excepcional» que pueda presentarse, precisa. Finalizadas las operaciones, le hará llegar un informe final que describa la aplicación del «Plan de Gestion Ambiental» que acompaña la solicitud para la realización del estudio. También Capitanía Marítima podrá recabar información.

Los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura anunciaron ayer que interpondrán sendos recursos de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía y cuyo plazo para presentarlos vence en el plazo de un mes. Por otra parte, el Estado se reserva el derecho a realizar las pruebas que estime convenientes y a dejar sin efecto la Resolución, aclara.