Una juez paraliza el borrado del nombre «Príncipe Felipe» del pabellón de deportes de Zaragoza

El cambio de nombre fue aprobado el pasado verano, poco después de que Pedro Santisteve –abogado de profesión– fuera investido alcalde de Zaragoza con el apoyo de la Chunta y del PSOE. Santisteve encabezó la lista de ZEC, coalición electoral liderada por Podemos e IU, junto a otras formaciones minoritarias como los independentistas de Puyalón, socios aragoneses de los abertzales de Bildu.

Santisteve consumó el acuerdo inicial hace escasas semanas y lo convirtió en definitivo, pese a que la mayoría de concejales del Ayuntamiento de Zaragoza se oponen a ese cambio de nombre. En vez de «Príncipe Felipe», el pabellón de deportes pasa a denominarse «José Luis Abós», el que fue entrenador del equipo de balonceso CAI Zaragoza, que falleció a finales del año pasado.

De los 31 ediles que conforman la Corporación municipal, solo los nueve de ZEC y los dos de CHA respaldan el cambio de nombre , mientras que los 20 restantes se oponen –diez del PP, seis del PSOE y cuatro de Ciudadanos–.

Santisteve, sin embargo, considera que el cambio de nombre del pabellón lo podía adoptar unilateralmente el gobierno municipal, algo que el PP niega. De hecho esta ha sido una de las cuestiones que argumenta en el recurso judicial presentado contra el cambio de nombre y pidiendo que, como medida cautelar, se paralizara el borrado del mismo.

El miércoles comenzó el borrado en la fachada del pabellón zaragozano y este jueves el juzgado ha ordenado la paralización de esos trabajos, escasas horas después de que el PP presentara el recurso ante el tribunal. La medida ha sido dictada por la juez de la Sala 4 del Tribunal Contencioso-Administrativo de Zaragoza.

El portavoz popular ha afirmado sentirse «satisfecho» con la orden cautelar dictada por la juez. Ha indicado, en cualquier caso, que ahora toca esperar la decisión final sobre este caso.

Eloy Suárez considera que el cambio de nombre lo decidió el gobierno de ZEC soslayando la ley. A juicio del portavoz del PP, no podía haberse adoptado el acuerdo al margen del pleno municipal, fue una decisión «absolutamente antidemocrática» y tramitada con un expediente administrativo «chapucero» y anómalo. Entre otras irregularidades, ha denunciado que se llegó a manipular la documentación oficial, aportando informes que llevaban fechas anteriores al día en el que realmente se hicieron. También considera que se ha producido un supuesto de desviación de poder , al haberse utilizado la ley sobre atribuciones municipales para adoptar un acuerdo con fines distintos a los que la propia ley establece. Según el PP, el auténtico fin perseguido con el cambio de nombre del pabelló es «atacar a la Monarquía».

La juez ha citado a las partes –PP y gobierno municipal– para una vista que se celebrará el próximo lunes, a fin de decidir si mantiene o no la medida cautelar de paralización del cambio de nombre.