El Gobierno aragonés se enfrenta a una reclamación millonaria por la tragedia del geriátrico incendiado

Varios de estos familiares se han unido para emprender acciones legales por lo ocurrido, ante el proceso judicial que ya se ha abierto de oficio tras la tragedia. Las acciones judiciales a la vista no solo dilucidarán las indemniaciones a las familias de los fallecidos sino también a los supervivientes, que resultaron afectados —de mayor o menor consideración— al resultar intoxicados por humo.

Estas familias van a presentar también una denuncia contra la empresa propietaria de la residencia , para que se dilucide si las instalaciones y el servicio que prestaba eran los adecuados o si, por el contrario, eran deficientes y coadyuvaron —por limitados— a que el incendio tuviera las trágicas consecuencias que tuvo.

Uno de los principales aspectos que ponen en tela de juicio es que en el momento en que se produjo el incendio solo hubiera una cuidadora en el centro para los 19 internos que había en ella . Sobre todo, indica el abogado de estas familias, teniendo en cuenta que había internos con movilidad reducida o nula, de modo que ante una emergencia resultaba imposible la evacuación con la rapidez exigida.

Como ya avanzó ABC, la cascada de declaraciones posteriores que hizo la consejera aragonesa de Derechos Sociales, María Victoria Broto , abría de par en par la puerta a las familias de los internos para que reclamaran a la Administración autonómica como responsable subsidiaria . Y el abogado que representa a estos familiares, Ricardo Agoiz, ha confirmado que efectivamente van a hacerlo.

Agoiz ha destacado que la propia consejera Broto ha dicho —y en varias ocasiones— que esta residencia de ancianos debería haber estado cerrada porque acumulaba deficiencias no resueltas y expedientes contrarios que le había abierto la Administración regional tras inspecciones realizadas desde hacía tres años.

El abogado considera que estas manifestaciones de la consejera del Gobierno aragonés evidencian una responsabilidad directa de la Administración, y que actuarán en consecuencia. El Ejecutivo autónomo se enfrenta de esta forma a un desembolso millonario por indemnizaciones , teniendo en cuenta que es más que probable que la causante del incendio —una interna que de antemano había sido incapacitada por desquilibrios mentales— no pueda responder por lo ocurrido, y que tanto la familia —en su caso— de esa interna como la empresa propietaria de la residencia tampoco tengan solvencia económica para hacer frente a las cuantiosas indemnizaciones. Algunas fuentes jurídicas consultadas han indicado a ABC que podrían alcanzar o incluso superar el millón y medio de euros.