El frente «anti-PP» de Aragón se abre paso en los juzgados

Con la decisión del TSJA, la campaña electoral arranca en Aragón con el pulso político trasladado también a los juzgados. PSOE, Podemos, IU y CHA han encontrado en este asunto el argumento con el que sustanciar este particular frente «anti-PP» en Aragón.

El Tribunal de Contratos Administrativos de Aragón determinó que no cabe hablar de privatización de la sanidad en este proyecto, entendiendo que está nítidamente demostrado que el futuro hospital será cien por cien público, que tanto el personal como el servicio sanitarios serán íntegramente públicos, como cualquier otro hospital del Servicio Aragonés de Salud.

Sin embargo, PSOE, Podemos IU y CHA, secundados por algunos sindicatos y colectivos sociales críticos con el Ejecutivo regional que preside Luisa Fernanda Rudi, han insistido en mantener el argumento de que el sistema de concesión de obra pública por el que ha optado el Gobierno aragonés supone «la privatización de la Sanidad».

Esa es la esencia de los recursos que llevaron hace unos días ante el TSJA y que éste, ahora, acaba de admitir a trámite. Los recurrentes piden la paralización inmediata del proceso de licitación de forma cautelar.

El Ejecutivo autónomo ha dejado claro en las últimas horas que, pese a la admisión a trámite de esos recursos, tiene previsto seguir adelante con el proceso de adjudicación, que se resolverá de forma inminente, previsiblemente la próxima semana.

La controversia entre el bloque de izquierdas y el Gobierno regional radica en el sistema elegido para financiar la construcción de este hospital. En vez de adjudicar las obras y pagarlas sin más, ante las limitaciones presupuestarias el Ejecutivo autónomo ha optado por el sistema de concesión de obra pública. Eso incrementa el coste global del proyecto, pero lo hace más asumible porque aplaza el desembolso año a año, durante varias décadas.

Así, por las obras de construcción propiamente dichas, se pagarán unos 120 millones de euros. El resto, hasta los 451 millones de coste total que tendría este contrato, se abonará con el canon que el Gobierno aragonés tendrá que pagar año a año a las empresas que se hagan con el contrato. El abono será a razón de 15,4 millones de euros durante los veinte años que durara el contrato de gestión y explotación, del 2018 al 2037.

En gran parte, se trata de una operación financiera: inversores privados adelantan el dinero y lo recuperan a lo largo de veinte años con una rentabilidad determinada mientras explotan ciertos servicios no sanitarios de ese futuro hospital.