PSOE y PAR repartieron más de 6 millones al año en Aragón entre afines colocados como asistentes del gobierno

En 2010, con la crisis económica al galope y las cuentas públicas agrietadas, el Ejecutivo PSOE-PAR mantuvo a sueldo a 118 asistentes de confianza para los miembros de su gobierno, según la lista de detalle que ha destapado un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón. Los sueldos brutos, según cada puesto, eran de entre 36.000 y 60.000 euros anuales.

Con el paso de los años, aquel Ejecutivo de coalición fue multiplicando la estructura política, lo que sirvió para colocar cada vez a más afines, sobre todo como asesores y, especialmente, del PSOE. Era a los socialistas a los que les tocaba una mayor «cuota» de puestos de libre designación por el mayor peso que tenía en el Ejecutivo, cuya presidencia ostentó durante doce años seguidos el socialista Marcelino Iglesias.

El entramado de altos cargos también se multiplicó. Así, al presidente del Gobierno regional, al vicepresidente y a los once consejeros se les añadieron seis puestos políticos más: los viceconsejeros. A su vez, todos ellos contaban con una estructura administrativa que incluía otros 60 cargos políticos en los puestos de secretarios generales técnicos y directores generales.

Pero PSOE y PAR consideraron que el entramado daba de sí para crear decenas de puestos más, una suerte de asistentes personales adscritos a los miembros del Gobierno. Y así surgió esa cifra de más de 100 afines colocados como asesores, jefes de gabinetes, secretarios y secretarias, chóferes...

Sirvió en muchos casos para asegurar un sueldo a miembros de esos partidos que no habían encontrado hueco como diputados provinciales o como parlamentarios de las Cortes de Aragón. Por ejemplo, en la larga lista de asesores, con sueldos medios anuales que rozaban los 40.000 euros, no escaseaban los casos de alcaldes o concejales socialistas y aragonesistas. El escándalo saltó cuando, en aquellos años, trascendió que muchos de ellos cobraban sin ir a trabajar, sin acudir a las oficinas del Gobierno aragonés de las que cobraban por «asesorar» a altos cargos.

De esos 118 colocados en puestos de asistencia personal de los 13 políticos que conformaban el Ejecutivo autónomo, más de la mitad tenían contratos de asesores en sentido estricto: 77 en total. De ellos, ocho eran «asesores gráficos y de protocolo»; otros 25 eran periodistas contratados como «asesores de medios de comunicación» para el nutrido gabinete de prensa que por entonces tenía el Ejecutivo regional; y 44 tenían contratos de «asesores» sin más, adscritos a los consejeros, al presidente o al vicepresidente del Gobierno aragonés, una auténtica «corte» que servía para acomodar a miembros del partido con sueldos pagados con cargo a las arcas autonómicas.

La lista de personal de confianza la completaban 11 jefes de gabinete, 15 secretarias o secretarios personales, cinco chóferes y diez puestos más de libre designación, grupo este último en el que entraban puestos tales como, por ejemplo, una plaza de director de gabinete o un «jefe de la Oficina del Portavoz del Gobierno».

Además, había otros nueve puestos de confianza para los que se aprovecharon las oficinas que el Gobierno aragonés tenía en Bruselas y Madrid. Sus plantillas estaban copadas por afines elegidos por los partidos en el gobierno: seis plazas a dedo en la oficina de Bruselas y tres en la de Madrid.

En total, contando estos nueve puestos en Madrid y Bruselas, la lista del «personal eventual» de confianza ascendía a 127 plazas al acabar la pasada legislatura, con un coste salarial anual de 5,3 millones de euros, que se elevaba a unos 7 millones con las cotizaciones a la Seguridad Social que le tocaba pagar al Gobierno aragonés por esos contratados.