El multimillonario mercado negro de los rebollones

Controlar las prácticas de búsqueda, evitar que dañen el entorno natural, frenar la afluencia masiva y paliar la presión extrema en los montes es el objetivo. Desde hace años, un buen número de ayuntamientos también han aprobado sus propias normas locales con objetivos similares, y también para tratar de rentabilizar, en la medida de lo posible, los aprovechamientos de esas superficies forestales.

En cualquier caso, no es tarea sencilla. Y el aspecto medioambiental es solo una parte. La otra está en el circuito económico, multimillonario, que se mueve alrededor de la búsqueda de setas. Y que en origen mueve igualmente multimillonarias cantidades de dinero negro, por transacciones comerciales no declaradas fiscalmente. Dar una cifra es imposible, dado que está al margen del control oficial estadístico. Pero basten unos datos de referencia: un estudio de la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid (Campus de Palencia) calculaba que en 2012 se recogieron en España 55.000 toneladas de setas a campo abierto, de las que 28.000 eran de rebollones y el resto de otras especies. Así que el dinero «opaco» a la fiscalidad por la recolección puede cifrarse perfectamene en decenas de millones de euros anuales.

Desde hace semanas, en los montes aragoneses en los que brotan los rebollones abunda la presencia de recolectores «profesionales», a veces en cuadrillas organizadas. Predominan los inmigrantes. Cumplen sus particulares normas, una jornada de trabajo y un objetivo definido: recoger la máxima cantidad y acudir a los puntos en los que contactan con intermediarios que les compran lo recogido. Para estos recolectores, la actividad les supone unos ingresos en muchos casos de subsistencia para paliar situaciones de precariedad o de desempleo.

Los precios oscilan mucho de un año a otro, y también hay variaciones según zonas. Depende de que haya más o menos rebollones esa campaña y de la calidad de los mismos.

Todo ello deja una gran vertiente de «mercado negro». De las muchas toneladas que se recogen cada año y acaban vendidas en supermercados o tiendas detallistas, ¿cuántas son realmente recogidas por personas que, al venderlos, declaran los ingresos y cumplen con las correspondientes obligaciones tributarias? Muy pocas. Lo saben las autoridades, pero el control es muy difícil. En este caso, en sentido literal, es casi imposible ponerle puertas al campo.

Este mercado está copado por los buscadores «profesionales» de temporada. A pie de monte, el precio, según años, puede oscilar entre el euro y los tres euros el kilo. Luego se va multiplicando conforme la cadena de distribución va avanzando, hasta llegar al consumidor final en tienda.

De lo que se paga a pie de monte, la inmensa mayoría es dinero no declarado. Sin factura, no existe. Pero las cantidades que se mueven otoño tras otoño por el rebollón, en muy pocos meses, asciende a millones millones de euros.

Una pequeña parte de esas transacciones acaban frustradas. En los últimos años, las fuerzas de seguridad han incrementado las incautaciones. Cada año se intervienen varias toneladas de rebollones, y eso es solo una parte muy pequeña de los que consiguen ser comercializados.

Un ejemplo: en menos de siete días, en la provincia de Zaragoza entre Policía Nacional y Guardia Civil han intervenido 2.000 kilos de rebollones con origen en la zona de pinares de la comarca de Calatayud. En todos los casos, han sido cargamentos incautados en el trasiego entre el recolector y un primer intermediario comercial.

La última de estas incautaciones ha tenido lugar cuando dos intermediarios circulaban con sus furgonetas cargadas de rebollones por la autopista Zargoza-Barcelona. En todos los casos, cargamentos que, además de no cumplir con los requisitos sanitarios que rigen para transportes alimentarios, carecían por completo de los documentos fiscales reglados tales como albaranes, facturas o similares que reflejaran la titularidad, origen y destino de la mercancía.

Uno de ellos transportaba 1.000 kilos. Los iba a comercializar en Barcelona. Para introducir en el circuito comercial legal estas cargas adquiridas a pie de monte sin declarar se encubren trámites comerciales.

Por ejemplo, este intermediario al que se le han intervenido mil kilos de rebollones aportó a la Guardia Civil varias hojas de etiquetas adhesivas con el nombre de su propia empresa, con las que esa persona admitió que etiquetaba de forma ordinaria las cajas de rebollones para venderlas después. «De esta manera conseguiría introducir el producto en un centro distribuidor identificando a su empresa como productora primaria de la mercancía, reflejando esto una trazabilidad falsa del producto», explican fuentes de la Guardia Civil.