Aragón perseguirá con multas de hasta 90.000 euros los alquileres turísticos «piratas»

Es una actividad que está al margen de la ley. No existe oficialmente, así que quien alquila sus viviendas para esos fines a título particular lo hace sin tener que estar dado de alta como empresario, sin cotizar como tal a la Seguridad Social y sin pagar tasas ni impuestos. El importe de esos alquileres se cobra en dinero negro, sin declarar, sin factura.

Los empresarios turísticos han venido denunciando desde hace años estas prácticas, que ven como una competencia desleal para sus negocios y como una ilegalidad que debería ser perseguida.

Ahora, el Gobierno aragonés se ha puesto manos a la obra y ya tiene un anteproyecto de normativa que trata de poner coto a esa situación . Se tratará del «Reglamento de las viviendas de uso turístico en Aragón». Esto dará un marco legal a aquellos que tengan casas que quieran alquilar, en todo o en parte, a turistas. Eso sí, para hacerlo deberán estar dados de alta, inscritos en un registro de viviendas de uso turístico que se creará al efecto, someterse a una serie de normas en materia de servicios y condiciones mínimas de la vivienda, instalaciones y seguridad, y contar, por tanto, con una actividad económica reconocida y que tribute.

Quien quiera alquilar sus viviendas particulares a turistas, deberá estar dado de alta como tal. De lo contrario, se entenderá que está ejerciendo ilegalmente la actividad, que es un «pirata» en este sector, y se enfrentará a las sanciones correspondientes.

Las multas irán de los 600 a los 90.000 euros . El anteproyecto de reglamento que ha preparado el Gobierno aragonés remite, a efectos de las sanciones y de sus multas, a lo que establece el texto refundido de la Ley de Turismo de Aragón. Y esas son las cantidades que establece para las multas.

A los particulares que alquilen de forma «pirata» sus viviendas a turistas, la sanción mínima sería de 600 euros. Estarían cometiendo, de entrada, uno de los hechos tipificados como ilegales a los efectos de la normativa autonómica: «el ejercicio de actividades turísticas sin la debida autorización o, en su caso, sin haber formalizado la declaración responsable regulada en esta Ley». Y este es uno de los supuestos tipificados como infracción grave, que lleva aparejada multa de entre 600 y 6.000 euros.

Pero la sanció podría ser todavía superior y llegar hasta un máximo de 90.000 euros. Y es que, además de ejercer la actividad sin autorización, quien realizara esas actividades «piratas» se enfrentaría a otras posibles acusaciones añadidas. Por ejemplo, defectos graves en las instalaciones, fallos que puedan poner en riesgo a los moradores, incumplimiento de la normativa contra incendios que se exige a establecimientos de uso comercial... Y supuestos como estos están calificados ya como faltas muy graves, con multas que pueden ir de los 6.000 a los 90.000 euros.