Más de 40 millones de dinero público para limpiar los residuos tóxicos de Sabiñánigo

Durante el periodo en el que desarrolló su actividad, desde 1974 hasta 1987, la empresa generó residuos derivados de la fabricación del lindano, que se depositaron sin un tratamiento específico y adecuado en los vertederos de residuos urbanos de Sabiñánigo. Ante la falta de respuesta de la empresa para asumir sus responsabilidades, ha sido el Gobierno de Aragón el que ha actuado de manera subsidiaria, con la colaboración financiera de la Administración Central.

Hasta el año 2012 las actuaciones realizadas dentro del convenio firmado suponían una inversión de 28,6 millones de euros, de los que 15,6 los aportaba el Gobierno de Aragón y 13 millones el Ejecutivo central. De esa manera se reforzaban los trabajos de control y descontaminación que se venían acometiendo.

Sin embargo, el convenio ha caducado y ahora el Ejecutivo de Rudi negocia con el Estado un nuevo acuerdo para seguir financiando las obras necesarias para limpiar los suelos. La firma del acuerdo se demora, por eso desde el PAR han presentado una proposición no de ley en las Cortes de Aragón en la que reclaman la continuidad de la colaboración presupuestaria para ejecutar las actuaciones pendientes. Y es que todavía queda mucho por hacer, sobre todo en el vertedero de Bailín, el más afectado por los residuos.

Este vertedero se usó fundamentalmente entre 1984 y 1988 para almacenar los residuos de la fabricación de lindano, un plaguicida prohibido actualmente por ser dañino para la salud y el medio ambiente. Se estima que se depositaron en torno a 30.000 toneladas de lindano en este vertedero de Sabiñánigo.

El problema es que fue construido sin el aislamiento que exigen las actuales normativas para este tipo de productos tan dañinos. No contó con los sistemas adecuados de protección ambiental –como el sellado de su perímetro o la impermeabilización de la base– y se convirtió en un foco de contaminación, especialmente para los suelos, aguas subterráneas y superficiales y la flora y fauna de la zona.

Por eso, en su día el Gobierno de Aragón lo cerró y en 1993 comenzó con las labores para descontaminar la zona. En estos momentos, se está terminando un moderno vertedero donde depositar los residuos contaminantes. Si se cumplen los plazos, esta primavera se procederá al traslado de los residuos, que se ubicarán en una celda especial de máxima seguridad para evitar que sigan contaminando.

En los últimos años, se han invertido más de 40 millones de euros de las arcas públicas para tratar de acabar con este foco de contaminación. Se ha conseguido contenerla, pero la limpieza completa de los suelos afectados es costosa y muy dificultosa.

Este año, el Gobierno de Aragón ha vuelto a dedicar una partida presupuestaria para estos trabajos. La Dirección General de Calidad Ambiental cuenta con doce millones y medio de euros, de los que un 80 por ciento se destinarán a continuar con los trabajos pendientes en la zona.

Mientras, la empresa sigue sin pagar la indemnización por los daños que ocasionaron sus vertidos. Fue condenada a pagar 6,5 millones de euros a la Comunidad. Un pago al que todavía no ha hecho frente.