Una sentencia anula la apropiación de Cataluña de un centenar de obras de arte aragonesas

La catalogación trató de bloquear la devolución de esas obras de arte a sus legítimos propietarios, las parroquias aragonesas de origen, porque a finales de los años 90 ya estaban reclamando que les fueran devueltas. El litigio acabó en los tribunales eclesiásticos, que dio la razón a Aragón . Sin embargo, más de cuatro años después de aquellas sentencias esta colección artística sigue retenida en el Museo de Lérida, gestionado por un consorcio que lidera la Generalitat y del que forman parte también la Diócesis ilerdense, la Diputación provincial y el Ayuntamiento leridanos.

Los sucesivos obispos de Lérida apelaron a la catalogación que había hecho la Generalitat para justificar que no podían cumplir la sentencia eclesiástica y devolver las obras de arte . Como los conocidos como «bienes de la Franja» habían sido catalogados como parte del patrimonio cultural catalán -vinieron esgrimiendo-, se requería la autorización de la Generalitat para consentir su salida de Cataluña. Y esa autorización nunca se ha producido.

En 2009, el Gobierno aragonés optó por pasar a la ofensiva y procedió a catalogar como bienes de interés cultural de Aragón ese centenar de piezas que están retenidas en Lérida . La Generalitat recurrió aquella decisión administrativa y el caso acabó en los tribunales. Ahora, la sentencia vuelve a dar la razón a Aragón y ha desestimado los recursos presentados tanto por la Generalitat como por el Consorcio del Museo de Lérida y por la Diputación provincial ilerdense. Además de considerar que es correcta la catalogación aragonesa de esas obras de arte, concluye que la catalogación catalana carece de eficacia jurídica.

La parte catalana puede recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo, pero el abogado que defiende a las parroquias aragonesas, Jorge Español, considera que difícilmente dictaminará lo contrario. Este letrado considera, además, que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón -cuya sentencia ha elogiado jurídicamente- «ha sido generoso con la parte catalana, al no remitir al Ministerio Fiscal» los recursos que presentaron y que han motivado este proceso judicial, porque «a la postre, lo que pretendía con esto la parte catalana no es más que entorpecer y evitar la devolución de estas piezas a sus legítimos propietarios».

Según Jorge Español, fue una estrategia hecha a conciencia y a sabiendas incluso de que la catalogación que la Generalitat hizo en 2001 de esas obras de arte aragonesas como parte del patrimonio cultural de Cataluña era incorrecta. Asegura que así consta en un informe que la propia Generalitat le pidió en 2001 al decano del Colegio de Abogados de Barcelona.