El cartel más caro del Plan «E» de Zapatero, en Calatayud: 107.319 euros

Cuando el Ejecutivo del PSOE lanzó este plan, los ayuntamientos se encontraron con un dinero que tenían que gastar con rapidez. Hubo ayuntamientos que tuvieron que inventarse en qué gastarlo, y acabaron haciéndose obras totalmente superfluas. Y había que hacerlo con tanta rapidez que, a menudo, no se cumplieron todos los requisitos. Algunos de ellos, por cierto, también superfluos, como era la preceptiva colocación de grandes carteles para hacerle publicidad al Gobierno de Zapatero, indicando con lustrosas letras cuánto costaba la obra y que el dinero llegaba del Estado.

Se dio la paradoja que había obras en las que el cartel era de tal envergadura -por obligación ministerial- que casi costaba más que la obra que iba a hacerse. Y en el caso de Calatayud, al final resulta que uno de esos carteles ha acabado costándole al Ayuntamiento más que la obra en cuestión. Por no colocarlo a tiempo, tendrá que devolverle al Estado todo el dinero que en su día le dio para pagar los trabajos. Y como encima le cobra intereses, el Ayuntamiento tendrá que reintegrar a las arcas estatales más de lo que recibió para hacer la obra completa.

Se trata, en concreto, de la reforma de una plaza del bilbilitano barrio de Consolación, en la histórica judería. Costó 92.686 euros, dinero que íntegramente le transfirió al Ayuntamiento el Gobierno central. Pero los controladores del Ministerio, cuando inspeccionaron la obra, vieron que no estaba colocado el cartel en cuestión donde se indicara quién ponía el dinero. Y eso ha sido motivo suficiente para que el Gobierno le haya reclamado al Consistorio que le devuelva íntegramente todo lo que le dio para dicha obra, los 92.686 euros, más 14.683 euros en concepto de intereses. En total, 107.319 euros y 65 céntimos.

La obra se hizo en 2010, pero es ahora cuando llega la «receta» desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En la práctica, esto supone que aquella obra que se hizo con el "Plan E" la acaba pagando, y con sobrecoste, el Ayuntamiento de Calatayud. Si la hubiera hecho por su cuenta -algo que está por ver, porque gran parte de las obras que hicieron los ayuntamientos con el "Plan E" no eran precisamente urgentes ni realmente necesarias-, le habría salido por bastante menos dinero.

Y no será la única cantidad que tendrá que devolver el Consistorio bilbilitano al Estado por no haber cumplido correctamente con los requisitos que establecía aquel plan de subvenciones. También tendrá que reintegrar al Estado otros 84.454 euros de los más de 550.000 que recibió para acondicionamiento de aceras y pavimentos del Paseo Sixto Celorrio. En este caso, tendrá que abonar también 10.608 euros en concepto de intereses. En total, por tanto, 95.068 euros a pagar al Gobierno central. En este caso, los incumplimientos eran de más calado, según han certificado los controladores del Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, no se acreditó que el contratista al que el Ayuntamiento adjudicó estas obras hiciera las mejoras que había incluido en su oferta, y cuyo valor ascendía a 72.109 euros; sólo se empleó en dichas obras a ocho personas, cuando se había comprometido a ocupar a diez; y además el Ayuntamiento, cuando adjudicó los trabajos, no eligió a la empresa que había presentado la oferta más ventajosa.

Durante meses, el Consistorio bilbilitano ha tratado de frenar la «receta» del Ministerio. Alegó para no tener que devolver todo ese dinero, pero sus alegaciones han sido desestimadas. Ahora sólo le queda al Ayuntamiento ir a los tribunales, pero lo haga o no, de entrada tiene que pagarle al mes que viene al Estado los 202.000 euros que en total le reclama de parte de las subvenciones que recibió por el "Plan E" para esas dos obras, la reforma de la plaza del barrio de Consolación y las mejoras en el Paseo Sixto Celorrio.

En el caso de esta última obra, los incumplimientos en los que incurrió el anterior gobierno municipal parecen de calado. Pero en la del barrio de Consolación, el actual gobierno municipal del PP subraya que no parece lógico que por no colocar a tiempo un cartel publicitario junto a la obra se tenga que devolver toda la subvención, y encima con intereses.

«Me parece un auténtico disparate que nos obliguen a devolver 107.000 euros por una obra que se adjudicó en 92.000. Es totalmente injusto», afirma el alcalde, José Manuel Aranda.

Lo curioso es que el cartel se puso. Tarde, pero se puso. Y, para compensar, se dejó puesto incluso meses después de que terminara la obra. Pero al Ministerio lo que le importa es que cuando empezaron los trabajos el cartel no estaba.