Pinturas que se exhiben en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que fueron arrancadas hace décadas de las paredes del oscense Monasterio de Sijena
Pinturas que se exhiben en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que fueron arrancadas hace décadas de las paredes del oscense Monasterio de Sijena - abc
CULTURA

La Generalitat, a juicio por la compra troceada de un monasterio aragonés

El Gobierno catalán se oponía a que el caso se juzgara en suelo aragonés, pero su tesis no ha prosperado: se verá en los juzgados de Huesca

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La Generalitat será juzgada por la compra de bienes artísticos del aragonés Monasterio de Sijena. Fue una adquisición a trozos. Las monjas que quedaban en ese cenobio en 1983 decidieron trasladar a Cataluña parte del arte de ese histórico convento, y las autoridades catalanas las compraron. Se hizo en varias tandas, entre 1983 y 1992, y desencadenó un litigio que todavía está coleando en los juzgados.

Además de diversos objetos artísticos, también se arrancaron pinturas murales, como las que pueden verse en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Las monjas sanjuanistas de este convento pidieron permiso al Vaticano para vender. La Santa Sede se lo dio. Pero Aragón argumenta que eso no era requisito suficiente, porque se trata de patrimonio histórico-artístico protegido que exigía obtener también los permisos del Ministerio de Cultura y del Gobierno de Aragón, requisito éste que no se cumplió.

El Gobierno aragonés lleva años tratando de recuperar esas piezas, como ocurre también con otro litigio por obras de arte de varias parroquias de la Diócesis de Barbastro-Monzón, la colección conocida como «bienes de la Franja» que, en este caso, siguen retenidas en el Museo de Lérida pese a existir sentencias que ordenan su devolución a Aragón.

En el caso del arte de Sijena, las autoridades aragonesas alegan judicialmente que la compra efectuada por la Generalitat entre 1983 y 1992 son nulas, por falta de los preceptivos permisos oficiales. Aún se tiene que juzgar el fondo del asunto, pero lo primero que había que dilucidar es dónde hacer el juicio. El Gobierno de Aragón pidió que fuera en los tribunales de Huesca, por una cuestión básica de jurisdicción territorial; la Generalitat, sin embargo, quería que los competentes fueran los juzgados catalanes.

Al final, este primer dilema ha quedado resuelto: el caso se juzgará en Huesca. Así lo indica un auto que se acaba de hacer público, en el que se destaca que los bienes objeto de litigio son «únicos e inseparables» de un inmueble que radica en Aragón. La Fiscalía, en un informe previo sobre la cuestión, se había pronunciado en el mismo sentido. Ahora, a esperar el juicio.