Puig promete cien millones para libros de texto con dinero de las diputaciones

Este anuncio no contó con ninguna consulta previa de Puig con las entidades provinciales –que fueron recientemente ignoradas en la composición del consejo de Administración de los puertos– y tampoco con las locales , pese a que el dinero saldrá en dos tercios de estas instituciones.

El planteamiento del presidente de la Generalitat, que presentó el plan junto al conseller de Educación, Vicent Marzà, es que cada familia pueda recibir este curso escolar hasta un máximo de 200 euros por niño por la compra de libros de texto tanto en Primaria como en Secundaria . La ayuda sería para centros públicos y concertados , por lo que los beneficiarios serían hasta medio millón de familias. También recibirán ayudas los centros que apuesten por el uso alternativo de tabletas y ordenadores frente a los libros tradicionales.

Esta medida supondría un coste de cien millones de euros para la Generalitat «que obtendríamos del reordenamiento de otras partidas presupuestarias por lo que no supondría un incremento del déficit», indicó Puig.

El objetivo es crear un banco público de libros que culmine en el curso 2016-17 con la «gratuidad» de éstos. Este año se empezaría con esa ayuda máxima de 200 euros, de los cuales los primeros 100 se obtendrían cuando los padres presenten ante el ayuntamiento de su localidad los tickets de compra de los libros (antes de final del primer trimestre educativo).

Los otros 100 se recibirían en el mes de junio de 2016, cuando al finalizar el curso escolar los alumnos devolvieran los libros. Si éstos están en buen estado, se abonaría esa cantidad y el centro educativo se quedaría en propiedad con el libro que serviría para otro alumno en el siguiente curso. Si el libro estuviera maltratado, esa familia no recibirá la ayuda.

No hay requisitos para la aplicación de esta medida, por lo que es de carácter universal y la ayuda la cobrarían todas las familias con independencia de su nivel de renta. Puig explicó que persigue así «igualar a los ciudadanos más allá de su posición económica».

Para el presidente autonómico, las familias valencianas han estado soportando un «sobrecoste» en educación por el precio de los libros de texto cuando otras comunidades autónomas ya no soportaban esta carga.

El conseller de Educación reconoció que los cambios en los libros de texto cada año pueden dificultar esta iniciativa por lo que mantendrá una reunión con las editoriales y libreros valencianos. Allí les planteará alternativas entre las que ha destacado un plan de fomento de la lectura con criterios pedagógicos y recordó que «los libros son sólo una herramienta más de la educación».

La presidenta de la Confederació d’Ampes Gonzalo Anaya, Eva Grimaltos, a la que Puig y Marzà presentaron su iniciativa, se mostró agradecida por el hecho de que las familias valencianas que no pueden pagar los libros de texto «no vayan avergonzadas al principio del curso por esta situación».

El planteamiento del Gobierno valenciano tenía una debilidad que Puig reconocía porque se apoyaba en dinero de otras instituciones . Por eso, solicitó «colaboración y comprensión» para desarrollar esta medida educativa ya que «entre todos abordaremos el 100% del coste de los libros». Y recordó que para su gobierno «lo primero son las personas» y se mostró decidido a llevar adelante «el giro social que quiere imprimir este Consell a pesar de las enormes dificultades».

Este guante lanzado ante los medios de comunicación no fue recogido por el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez ; y tampoco por el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner . Ambos realizaron un comunicado conjunto en el que lamentaron que Puig « haya roto el diálogo con estas instituciones tras el anuncio unilateral del programa de ayudas a los libros de texto».

Confirmaron su rechazo a participar en este programa propuesto por el presidente de la Generalitat por haber sido «elaborado y anunciado sin consultarlo previamente con las administraciones a las que se pretende implicar en su financiación».

Explicaron además que esta actuación de Puig supone «un atentado contra la autonomía de los gobiernos provinciales », y advirtieron que «no vamos a permitir que se intervenga de manera unilateral nuestro presupuesto porque la legislación deja bien claro que tenemos competencias propias y se debe respetar esa autonomía».

Y es que en el caso de las diputaciones esta medida podría afectar hasta al 5% de sus presupuestos. Moliner y Sánchez entienden que Puig «pretende gobernar con el presupuesto de las diputaciones» y recordaron que ya ha tomado dos decisiones unilateralmente , la de ayer y la de «expulsarnos de los consejos de administración de las Autoridades Portuarias».

Ambos preguntaron al jefe del Consell dónde quedan sus palabras en el debate de investidura en el que textualmente indicó que «los ciudadanos nos han demandado diálogo, que sumemos esfuerzos y construyamos un nuevo proyecto sin exclusiones y entre todos». Por eso, y pese a que reiteraron su «disposición a colaborar y coordinar actuaciones en aras de ayudar a paliar las carencias y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos», también advirtieron que no encontrarán respaldo en estas instituciones cuando lo que pretenden es «instrumentalizarlas para pagar sus invitaciones ».