El PSOE teme el coste de imagen por las denuncias contra la edil de Guanyar

En base a este razonamiento, figuras próximas al ejecutivo local opinan que Echávarri debería, cuanto menos, haber desautorizado a la concejal de manera más «contundente». E incluso haberle retirado sus competencias, como ya ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid con el «caso Zapata».

Otros, militantes de base y alejados de la actual ejecutiva local, se muestran más contundentes y no sólo piensan que Marisol Moreno tendría que haber sido apartada, sino que además añaden que se trata de la demostración de que el partido ha claudicado ante sus socios de gobierno y especialmente Miguel Ángel Pavón , por lo que no tiene margen de maniobra para tomar decisiones que serían más coherentes con la posición de centro-izquierda en la que tradicionalmente se ha movido el partido.

Lo más llamativo es que cuando apenas ha transcurrido algo más de un mes desde la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno, la actualidad ha avalado la preocupación de alguno de los nuevos concejales socialistas: la excesiva radicalidad de algunos de sus compañeros, especialmente los pertenecientes a las filas de Guanyar. Así se lo han expresado al propio Echávarri, aunque pese a todo se confía en que en un periodo no demasiado amplio tomarán conciencia de su nueva posición política y que acorde a su condición de concejales empezarán a gobernar «para todos». Curiosamente Marisol Moreno era uno de los sujetos de este razonamiento, en el que también se incluía a Nerea Belmonte , actual concejal de Vivienda y Acción Social y procedente de Podemos.

Por su parte, el Partido Popular presentó ayer por la mañana en la Audiencia Provincial la denuncia y el material correspondiente a los mensajes vertidos en la red por Moreno . En el escrito presentado en la Fiscalía se detallan algunos de los comentarios recogidos en su blog y redes sociales de los que, a su entender, podría derivarse una responsabilidad penal. «Incluso en algunos casos podrían ser constitutivos de un presunto delito de injurias graves a la Corona, contemplados en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal», explican. Además, mantienen que algunos de los hechos descritos serían también constitutivos de un presunto delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución, recogido en el artículo 510.1a del Código Penal.