La Fiscalía amplía la denuncia contra el alcalde de Benidorm por «enchufismo»

El socialista ya tuvo que declarar como imputado en marzo ante la juez, en el marco de una investigación por los posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos en contrataciones, ascensos y prebendas de diferentes departamentos municipales, desde Protocolo a la Biblioteca. La primera documentación que remitió la Fiscalía al juzgado incluía una relación con 43 posibles «enchufes» a familiares, amigos y simpatizantes del PSPV .

Según fuentes judiciales, el pasado 10 de octubre se notificó a las partes la incorporación a la instrucción del antes citado informe del Tribunal de Cuentas, así como la personación del sindicato SPPLB -que, aunque presentó la denuncia que originó la investigación, no estaba personado todavía en la causa-.

De hecho, esa notificación a las partes de las dos novedades principales que sustentan la ampliación de la denuncia es el que exhibió el propio alcalde la semana pasada en rueda de prensa. Lo mostró a las cámaras para justificar su paradójica postura personal frente a los políticos y cargos públicos investigados por corrupción .

Navarro avanzó su apoyo a una moción del PP para que los imputados no puedan ir en las listas electorales en las municipales del año próximo. No obstante, él mismo está imputado en estos momentos, y a pesar de ello ya se ha confirmado -con la aquiescencia de su partido- como candidato a la reelección. Cuando mostró esa notificación del juzgado, hace unos días, fue para argumentar que se le investiga, en cualquier caso, por una supuesta «prevaricación administrativa, no por corrupción».

Su gestión contable en el apartado de contratación mereció las críticas de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana en sus auditorías anuales de 2011 y 2012. A raíz de estas probables anomalías, este órgano público elevó sus informes al Tribunal de Cuentas en Madrid, donde se decidió abrir diligencias para investigar el pago de ciertas gratificaciones, pluses, remuneración por servicios extraordinarios y dietas a trabajadores, concejales y cargos de confianza. A priori, los técnicos estimaron que el volumen económico que se movió en contra de las normas puede superar los 1,3 millones de euros. Una práctica que vulneraba las directrices fijadas desde el Gobierno para reducir el gasto de personal un 15% y garantizar la estabilidad en los ayuntamientos.

En su primera declaración como imputado por esta causa en sede judicial, el alcalde socialista justificó las contrataciones bajo sospecha porque cumplían con servicios básicos para Benidorm, como la vigilancia de playas. También se escudó en que entre los beneficiados con estos puestos de trabajo había gente «de todos los partidos políticos», no solo del PSPV.

Entre ellos se cuentan dos sobrinos segundos suyos (hijos de una prima), el padre de una concejal socialista y el secretario general de su partido en Finestrat. Asimismo, un antiguo candidato de estas siglas se benefició de un curso de protocolo que costó 4.000 euros, entre otros muchos casos denunciados por el sindicato.