Dos sobrinos del alcalde de Benidorm, entre los caos de «enchufismo» que investiga el fiscal

En la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, se reflejan como casos de supuesto «enchufismo» los contratos a Miguel S. P y su hermana Ana S.P., los dos «hijos de una prima hermana del alcalde», según el documento. En el caso del varón, se le situó en el cargo de «director del gabinete de Alcaldía» , siempre según la denuncia, un puesto de los denominados «de confianza» –es decir, designados «a dedo» por un responsable político–. Por este cargo, el sobrino segundo del alcalde cobra «2.817,51 euros netos mensuales» .

Su hermana, según la denuncia, no ocupa un cargo de confianza, sino que obtuvo «plaza de vigilante de instalaciones deportivas» en la plantilla de empleados municipales mediante oposición. Sin embargo, siempre según el documento que el fiscal ha remitido al juzgado para que abra una investigación, «jamás aparece por allí, realiza su trabajo como auxiliar de Biblioteca». Los puestos de vigilantes de instalaciones deportivas como el que obtuvo la sobrina segunda del alcalde –según se relata en la denuncia– se crearon en la primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada bajo mandato socialista, tras la moción de censura de 2009.

Sin negociar con los sindicatos

Sin embargo, el número de plazas se modificó poco después al margen de la RPT, según consta también en la citada denuncia. De las diez plazas inicialmente aprobadas para «peones vigilantes de instalaciones deportivas», se pasó poco después a veinte , sin que mediara negociación con los representantes sindicales.

De hecho, la denuncia remitida por el fiscal al juzgado consigna también que al menos tres personas obtuvieron en 2011 una plaza supuestamente temporal como vigilantes de instalaciones deportivas, pero que «antes de su finalización, a través de un contrato de relevo, son colocados como personal fijo y obtienen un contrato indefinido en el Consistorio». En uno de esos casos, como sucede con la sobrina segunda del alcalde, la beneficiaria no realiza las funciones de la plaza que ocupa, sino que «trabaja como auxiliar administrativo en la tercera planta del Ayuntamiento».

Tal como publicó ayer este periódico, el fiscal ha pedido al juez investigar al menos 43 casos de «enchufados» por Agustín Navarro desde que llegó a la Alcaldía de Benidorm a través de una moción de censura –apoyada por un tránsfuga del PP– en septiembre de 2009.

Más plazas de las permitidas

Al margen de esos 43 casos –entre nuevos contratos y mejoras retributivas– de afines al alcalde, militantes del PSOE, de los sindicatos de clase, y familiares de concejales y de otros cargos de confianza, la denuncia también cuestiona la formalización de 130 contratos de personal laboral (es decir, no funcionario) a pesar de que existía un informe del año 2011 en el que se advertía de la «desviación de la partida presupuestaria en materia de retribuciones», que se realizó en junio de 2011.

Curiosamente, las plazas de personal laboral (130), que se pueden formalizar sin necesidad de convocar una oposición, superan en diez las plazas de funcionario (13) que se han cubierto en el mismo periodo mediante procesos selectivos. Aún así, los nuevos contratos de personal funcionario ya superaban ampliamente la tasa de reposición fijada por los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Según la denuncia, «corresponden únicamente tres nuevos ingresos».

El reto del alcalde

Al trascender la investigación de la Fiscalía y la remisión de la denuncia a un juzgado de Benidorm para que abra diligencias, el munícipe se comprometió el miércoles a dimitir inmediatamente «si alguien demuestra que hay un solo familiar directo mío contratado» . Ayer insitió en que «no hay ningún Navarro ni ningún Alvado» contratado durante su mandato. No obstante, sí se han registrado dos casos de familiares del alcalde que han encontrado empleo en el Consistorio, aunque se trata en este caso de familiares políticos.

Los que sí se han beneficiado, y la denuncia –que recoge la mayoría de los casos desvelados por ABC en los últimos tres años– recoge sus casos con abundante documentación, son cargos orgánicos del PSOE local, dirigentes de UGT, integrantes de la candidatura electoral de los socialistas que no lograron acta de edil, o familiares de concejales y dirigentes del partido.