Más vale tarde que nunca

Una vez abierta la espita con los casos de Bárcenas, los ERE andaluces y de la familia Pujol, parecen haberse roto las compuertas y salen corruptos, perdón, «alegados corruptos», por todas partes, de todos los tipos, tamaños, colores y categorías, hasta el punto de que hay que empezar a temer que no haya jueces ni cárceles para tantos. Pues hay que advertir que es sólo la punta del iceberg, quedando sumergida las cuatro quintas partes de su masa.

Corrupción no es sólo meter la mano en las arcas públicas o cobrar comisiones por obras y servicios estatales. En su sentido más amplio, es conceder bienes comunes a personas privadas a través de cargos políticos. O sea, tan corrupto es quien se lleva una comisión por recalificar un terreno como el que mete a alguien en la nómina de un ayuntamiento, en el claustro de una universidad o en la conserjería de un ministerio por razones políticas o familiares en vez de por méritos. En todos esos casos se trata de una estafa al que podía hacerlo mejor, de malversación de dinero público y de fraude a la comunidad. Pero algo que en España se había convertido no sólo en habitual sino también en lógico. Y no lo es porque, de serlo, no estaríamos en una democracia, que se funda precisamente en el principio de la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos. Aunque ya advertía Montesquieu: «La corrupción en los gobiernos empieza por los principios». Unos principios que están hoy a la cola en España. Algo que no se arregla con broncas al grito de «¡Y tú, más!», como la tenida lugar ayer en el Senado, ante un país harto de falsedades y latrocinios.

Era hora más que sobrada de que apareciesen jueces y guardia civiles.