El Parlamento británico aprueba una versión recortada de la ley de bienestar tras una rebelión laborista

El proyecto, conocido oficialmente como Universal Credit and Personal Independence Payment Bill, tenía como principal objetivo reformar los criterios de acceso a la prestación por discapacidad conocida como PIP (Personal Independence Payment), una ayuda económica dirigida a personas con discapacidades o enfermedades crónicas que les dificultan realizar actividades cotidianas. Según la redacción original, a partir de noviembre de 2026, los nuevos solicitantes de esta prestación habrían tenido que alcanzar una puntuación mínima de cuatro puntos en una sola actividad diaria para poder acceder al subsidio. En el sistema actual, la puntuación exigida es de ocho puntos, pero puede distribuirse en varias tareas, lo que permite reconocer formas más complejas de discapacidad o limitación funcional.

La reforma despertó una oposición inmediata dentro del propio Partido Laborista, especialmente entre los diputados del ala más progresista. Estos acusaban al gobierno de promover un recorte encubierto de derechos, bajo el argumento de la contención del gasto público, y alertaban del posible impacto negativo que tendría sobre miles de personas vulnerables. Una de las principales voces críticas fue la diputada Rachael Maskell, que llegó a presentar una enmienda para tumbar por completo el proyecto de ley. Aunque esa enmienda fue rechazada, recibió el apoyo de 149 diputados, una cifra significativa que refleja la profundidad del malestar dentro de las propias filas laboristas.

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Ante la amenaza de una rebelión que habría comprometido no sólo la viabilidad del proyecto, sino también la autoridad del primer ministro y la cohesión de la mayoría parlamentaria, el gobierno optó por una rectificación sustancial. En una intervención inesperada durante el debate en los Comunes, el responsable de Discapacidad, Stephen Timms, anunció que se retiraba por completo la cláusula cinco del proyecto, precisamente la que establecía los nuevos criterios de elegibilidad para el PIP. Según explicó Timms, los cambios no se introducirán hasta que se haya completado una revisión exhaustiva del sistema de evaluación, revisión que él mismo liderará y cuyos resultados se presentarán antes de que entre en vigor cualquier modificación.

«Durante este debate, diputados de todos los grupos han expresado su preocupación de que los cambios al PIP se estén proponiendo antes de que se conozcan las conclusiones de la revisión que encabezaré», afirmó Timms en la Cámara de los Comunes. «Hemos escuchado esas preocupaciones y, por ello, puedo anunciar que eliminaremos la cláusula cinco del proyecto durante su paso por comité. Procederemos directamente con la revisión más amplia, y solo haremos cambios a los criterios del PIP una vez que esa revisión haya concluido».

La decisión fue interpretada por muchos como una capitulación del ejecutivo ante la presión parlamentaria. El diputado conservador Stuart Anderson llegó a ironizar que Timms estaba haciendo un «trabajo admirable defendiendo lo absurdo», en alusión al giro de último minuto que desactivó una parte fundamental del proyecto. Otros diputados calificaron el proceso de «lamentable» y «caótico», mientras que varios sectores de la prensa británica hablaron directamente de una «farsa legislativa».

La modificación se suma a una concesión ya anunciada la semana pasada: que todos los beneficiarios actuales del PIP seguirán recibiendo sus ayudas sin alteraciones, de modo que cualquier endurecimiento futuro afectaría únicamente a nuevos solicitantes. Esta salvaguarda fue clave para que algunos diputados laboristas que inicialmente se oponían al texto retiraran su rechazo y permitieran la aprobación del proyecto en una versión muy diluida.

La aprobación del texto supone una agridulce victoria parlamentaria en términos formales para el gobierno, y deja una estela de interrogantes políticos y estratégicos. La oposición no provino únicamente de la bancada laborista: varias organizaciones sociales, incluidos grupos como Scope, que defiende los derechos de las personas con discapacidad, criticaron con dureza la falta de claridad del proceso y advirtieron que los cambios propuestos, incluso si se aplazan, generan incertidumbre y ansiedad entre los potenciales afectados.

La fundación Resolution Foundation, especializada en políticas sociales y fiscales, apuntó que los posibles recortes proyectados inicialmente habrían empujado a unas 150.000 personas más hacia la pobreza, mientras que el ahorro presupuestario ha quedado seriamente comprometido. De los 4.800 millones de libras que se esperaban ahorrar con la reforma inicial, ya sólo quedarían menos de la mitad, y con la retirada de las cláusulas más restrictivas ni siquiera eso está garantizado.

Desde el gobierno se insistió en que el repliegue no representa una derrota, sino una muestra de responsabilidad y de escucha activa ante las preocupaciones legítimas de los ciudadanos y sus representantes. Sin embargo, expertos como Rob Ford, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Manchester, apuntan que es muy poco habitual que un primer ministro con mayoría absoluta tenga que renunciar tan rápidamente a una de sus reformas más importantes. «Esto revela una falta de preparación política y técnica para gestionar temas sensibles dentro de una mayoría heterogénea», afirmó Ford en declaraciones recogidas por la prensa británica.